La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso de investigación contra el Concejo de Rionegro, Antioquia, por supuestas inconsistencias que habría en una decisión que se tomó al interior de la corporación. Al banquillo fueron llamadas trece personas.

El supuesto enredo disciplinario llega por cuenta de la elección que posesionó a Iuldana Landinez Cárdenas como contralora de esta población del oriente del departamento en el año 2021. El ente de control sospecha que en este trámite hay serias dudas.

Al parecer, esta mujer recibió el apoyo de trece concejales con el fin de ocupar el cargo a pesar de estar inhabilitada, presuntamente, para cumplir las tareas que le fueron asignadas: vigilar la gestión fiscal de las entidades públicas de Rionegro.

Landinez Cárdenas habría alcanzado un contrato con la Empresas de Desarrollo Sostenible de este municipio doce meses antes de su lección. Pero los concejales no habrían tenido en cuenta esta carga de bloqueos a la hora de respaldar su nombre.

“En el curso de la investigación, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Rionegro verificará si fue elegida para ocupar el cargo, inhabilitada por presuntamente suscribir un contrato de prestación de servicios con la Edeso”, indició el Ministerio Público.

Por las supuestas inconsistencias, fueron vinculados al proceso los cabildantes que le habrían dado el visto bueno a la entonces contralora de Rionegro, cuyo nombramiento fue tumbado por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado.

Iuldana tomó posesión del cargo por un año, luego de obtener el mejor puntaje en un concurso de méritos que practicó la Corporación Universidad de la Costa CUC y de resultar electa por el Concejo en una sesión celebrada el 22 de enero de 2021.

En la lista del proceso aparecen Daniel Alberto Arbeláez Echeverry, Elkin Mauricio Zapata Carvajal, Óscar Darío Arias Bedoya, Adrián Alexander Castro Álzate, Ramón Humberto Cendoya Gaviria, Lina Marcela Ciro Martínez y Óscar Johao García-Casarrubios Parra.

También figuran los nombres de los concejales Yeison Fernando Miranda Restrepo, Omar Efrén Monroy Palacio, Carlos Andrés Quintero Marín, Carlos Mauricio Río Franco, Jeider Serna Sánchez y, finalmente, Jonathan Valencia Gómez.

En primer lugar, el ente de control disciplinario ordenó practicar pruebas con el fin de establecer la ocurrencia de las presuntas conductas irregulares que se habría cometido en el Concejo de Rionegro, uno de los diez municipios más importantes del departamento.

Los investigadores tendrán la obligación de reconstruir los hechos con base a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. También determinar si el manejo de la elección podría dar pie a la imposición de faltas y medir el perjuicio que se habría causado.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la Procuraduría General de la Nación aclaró que las personas que fueron vinculadas como presuntas implicadas podrán solicitar ser escuchadas en versión libre por parte de la entidad provincial.

Pero, las dudas sobre la excontralora de Rionegro, Iuldana Landinez Cárdenas, van más allá. El ente de control también reveló que se está llevando a cabo una investigan por otras posibles irregularidades que habría protagonizado la funcionaria.

Al parecer, habría incurrido en una falta disciplinaria que, igualmente, podría tener consecuencias en este organismo. Con base en la información suministrada por la Procuraduría, habría creado una planta de personal de cargos temporales en la Contraloría.

“El Ministerio Público ordenará la práctica de pruebas conducentes, pertinentes y útiles para establecer si su actuar es constitutivo de falta disciplinaria o si actuó al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, detalló la Procuraduría.

Tal como ocurrirá con los trece concejales que son cuestionados por la elección de la contralora, la investigada o la persona que figure como apoderada podrá rendir versión libre sobre las causas que motivaron la apertura de la investigación disciplinaria.