El domingo, el expresidente Álvaro Uribe estuvo en San Antonio de Prado, Medellín, acompañado por candidatos al concejo de la ciudad y miembros de juntas de acción local y comunal. Sin embargo, posteriormente, en sus redes sociales expresó su molestia y denunció un sabotaje a su campaña política. Según relató, recibió una llamada por la mañana que le advertía que no podía ir a ese lugar, ya que jóvenes del Pacto Histórico estaban manifestándose en su contra y habían realizado grafitis ofensivos en la iglesia y otros establecimientos.
Durante su visita, Uribe se encontró con un grupo de jóvenes que llevaban una pancarta con la inscripción “¿Quién dio la orden 6.402?”, una frase utilizada en protestas contra los casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que están siendo investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con testimonios de militares en servicio y retirados de diversos rangos.
Ante esta situación, Uribe se acercó al grupo y les preguntó si tenían pruebas que los vincularan a violaciones de derechos humanos o a casos de falsos positivos.
Uribe afirmó que no se dejó amedrentar y decidió dirigirse personalmente al lugar para confrontar a los jóvenes y abordar la situación. En un momento, apartó a los miembros de su equipo de seguridad que estaban en primera fila y relacionó a los portadores de la pancarta con la administración actual. Según Uribe, esta administración ha estado involucrada en actos de corrupción.
“Acabo de enfrentarlos y decirles que han apoyado a quienes se robaron a Medellín y lo único que dicen es ‘Uribe, paraco’”, dijo el expresidente.
“No vamos a cederles ni un milímetro de nuestra ciudad, se la robaron y tenemos que ayudar a recuperarla”, indicó Uribe.
Además, enfatizó que fue él quien desmanteló a los grupos paramilitares, dio la orden de debilitar a las guerrillas, amplió la cobertura de salud en todo el país y retiró de las fuerzas armadas a 27 altos mandos militares debido a su negligencia en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales.
Es importante destacar que hasta el momento no se han registrado disturbios ni agresiones en esta región del país, y todo parece ser el resultado de una discrepancia política entre los involucrados.
Uribismo pide cuidar al general (r) Ricardo Díaz
Uno de los críticos más destacados ante las acusaciones del general en retiro Ricardo Díaz Torres, quien fuera exviceministro de Defensa, es el representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid.
El representante ha expresado su fuerte desaprobación ante la posibilidad de que el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, esté involucrado en presuntos actos de corrupción. Lo que resulta aún más preocupante, según Cadavid, es la supuesta intervención de la primera dama, Verónica Alcocer, en la adquisición y adjudicación de suministros y contratos en el Ministerio de Defensa.
Cadavid resalta que se llevó a cabo un debate de control político dirigido al ministro de Defensa, en el cual este negó cualquier irregularidad en los viceministerios.
“Lo que no sabíamos era lo que había detrás de lo dicho por Velásquez. Corrupción, silencio por parte del ministro, que se ha presentado como un adalid ante la corrupción y ahora no es capaz de controlar la suya en su cartera, y elementos muy graves como es la incidencia de la primera dama, que no ha desmentido las versiones del exviceministro”, expresó el representante.
En vista de lo mencionado, Hernán Cadavid ha afirmado su intención de presentar denuncias formales ante las autoridades correspondientes con respecto a cada uno de los individuos señalados por el exviceministro de Defensa. Exige que se brinden explicaciones detalladas sobre las acusaciones realizadas.
Además, a través de sus redes sociales, el representante ha emitido una advertencia inquietante, manifestando la necesidad de proteger al general Ricardo Díaz para evitar cualquier situación en la que pueda resultar perjudicado de manera sospechosa.
Finalmente, Cadavid insiste en que tanto el Ministro de Defensa como todos los líderes de las diferentes carteras gubernamentales deben participar en debates de control para abordar no solo cuestiones cotidianas, sino también posibles casos de corrupción y proporcionar aclaraciones adecuadas.