SEMANA: Rector, ¿qué está pasando hoy con las finanzas de la Universidad de Antioquia y cómo explicarle esto al país?
John Jairo Arboleda (J. J. A.): Lo que está pasando ahora es algo que ya se había previsto, incluso en estudios previos realizados por el sistema universitario estatal, que agrupa las 34 universidades públicas del país, y también por grupos de investigación, incluyendo uno de Economía en nuestra universidad. Lo que se predijo en esos estudios, allá por el año 2011, es que hacia 2022 surgirían enormes dificultades financieras. Desde la vigencia de la Ley 30 de 1992, el Estado colombiano ha estado transfiriendo recursos a las universidades públicas por debajo de los costos reales de funcionamiento, en general, y particularmente a universidades grandes y complejas como la nuestra.
Lo que está ocurriendo ahora es que, después de 32 años de evidencias acumuladas, el Estado está transfiriendo menos recursos de los que necesitamos para operar. Durante este tiempo, las universidades han tenido que cubrir el déficit con recursos propios, mediante proyectos, programas y la venta de servicios. En resumen, la base de la Ley 30 en términos de financiamiento está basada en los recursos que se entregaban en 1992, con un crecimiento proyectado que no ha cubierto el aumento real de los costos, que han crecido por encima del IPC. Eso es lo que nos ha llevado, 32 años después, a acumular un déficit año tras año.
SEMANA: ¿Cuánto es la desfinanciación actual en la Universidad de Antioquia?
J. J. A.: A nivel nacional, en todo el sistema de universidades públicas, se estima que el déficit acumulado es de entre 16 y 18 billones de pesos. En la Universidad de Antioquia, el déficit acumulado en estos años asciende a 348.000 millones de pesos. Para cerrar este año, necesitamos alrededor de 136.000 millones de pesos, de los cuales entre 40 y 60 mil millones corresponden al déficit para este año, que no ha sido cubierto debido a la desfinanciación.
SEMANA: ¿Y cómo han enfrentado esta situación hasta ahora?
J. J. A.: Hasta este momento, hemos seguido confiando en nuestra capacidad para generar recursos propios y sumar a nuestros presupuestos. Hemos logrado avances importantes, como la expansión de la Universidad de Antioquia. En 1992, solo estábamos en Medellín, y ahora tenemos presencia en ocho subregiones, fuera del Valle de Urabá. Además, hemos incrementado significativamente la proporción de profesores con título de doctorado; de menos del 10 % en 1992, ahora el 66 % de nuestros 1.666 profesores tiene este título. También hemos avanzado en investigación y en el desarrollo tecnológico de la Universidad, como en las redes y la conectividad.
Este éxito nos ha puesto en una situación complicada. Hemos sido muy buenos generando recursos propios, pero eso ha llevado al Estado a reducir sus aportes, bajo la premisa de que ya no necesitamos tanta ayuda. Lo cierto es que, como otras universidades, nos estamos ahogando financieramente. La noticia reciente es que la Universidad de Antioquia ha recibido un préstamo, pero tendremos que asumirlo en el futuro. La pregunta es si habrá suficientes recursos para responder por todas esas responsabilidades.
SEMANA: ¿Cree que este problema se repetirá en el futuro?
J. J. A.: Sí, esta situación se repetirá. Todas las universidades estamos en la misma posición. Hemos agotado nuestras capacidades de generar recursos a través de servicios, consultorías y asesorías. Cada vez hay más competencia y redistribución de contratos y proyectos con otras universidades, lo que limita nuestras opciones. También hemos agotado los ahorros que teníamos. Esta universidad utilizó su patrimonio para solventar necesidades, y ahora estamos haciendo créditos de tesorería para poder cubrir los costos. Como dices, el año que viene nos toca pagar esos préstamos, lo que nos coloca en un círculo vicioso. Necesitamos una solución estructural.
SEMANA: ¿Cuántos préstamos tiene actualmente la Universidad de Antioquia?
J. J. A.: En este momento, tenemos una deuda de 43.000 millones de pesos, que ya estamos terminando de pagar este diciembre, con la última cuota. Sin embargo, el Consejo Superior ya nos autorizó un nuevo préstamo de 90.000 millones de pesos, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia. El Ministerio de Hacienda también está al tanto de esta situación. Lo que estamos buscando es tener una capacidad de pago adecuada, porque no queremos endeudarnos más. Por eso, necesitamos que se modifique la financiación de las universidades, especialmente los artículos 86 y 87 de la Ley 30.
SEMANA: ¿Entonces el “ahogamiento financiero”, como lo llaman los economistas, es una realidad en la Universidad de Antioquia?
J. J. A.: Exactamente. Estamos viviendo esta situación porque hemos agotado todas las posibilidades de generar recursos propios para suplir la insuficiencia de los recursos del Estado. A pesar de todo, seguimos comprometidos con nuestra misión y con la sociedad, como lo hemos hecho durante los últimos 221 años.
SEMANA: ¿Qué les dice a las personas que están compartiendo rumores sobre el cierre de la Universidad de Antioquia debido a esta crisis financiera?
J. J. A.: Por supuesto, quiero darles tranquilidad. La Universidad de Antioquia no va a cerrar sus puertas. Estamos pasando momentos difíciles, pero, como te mencioné, somos capaces de generar recursos importantes que nos permiten mantenernos activos. Sin embargo, la situación exige una modificación urgente en la financiación de la educación superior. La comunidad universitaria y la sociedad en general deben estar al tanto de que esta es una crisis estructural que requiere cambios profundos en la legislación.
SEMANA: ¿Cuántos estudiantes tiene actualmente la Universidad de Antioquia, especialmente en el programa de regionalización?
J. J. A.: Actualmente, la Universidad de Antioquia cuenta con estudiantes en varias subregiones. Por ejemplo, en el municipio de Amalfi y en el distrito minero de Segovia y Remedios. Además, estamos trabajando para fortalecer la presencia de la Universidad en todo el departamento.
SEMANA: En cuanto a las propuestas de la Gobernación de Antioquia, ¿qué lectura tiene usted de ellas?
J. J. A.: La Gobernación ha propuesto un modelo de cofinanciación, en el que, por cada 100 pesos que la universidad logre autogestionar, ellos pondrían 30. Esta es una propuesta que, leída sin contexto, puede generar confusión. Nuestro Estatuto Profesoral establece que los profesores dedican en promedio un 52,2 % de su tiempo a actividades docentes, pero eso no incluye las labores adicionales como la preparación de clases y la calificación de exámenes. Además, los profesores no solo están para enseñar, sino también para investigar y extender conocimiento. No podemos aumentar las horas de docencia sin afectar la calidad de la enseñanza y la investigación, que son esenciales para nuestra misión.
SEMANA: Entonces, ¿la propuesta de aumentar las horas de clase no es viable en este momento?
J. J. A.: Exactamente. No podemos comprometer la calidad educativa. Estamos buscando otros ajustes, como reducir los gastos en consultorías, asesorías y otros contratos. También hemos revisado los contratos de aseo y vigilancia, y hemos ajustado la estructura de algunas dependencias administrativas. Lo que estamos haciendo es una revisión exhaustiva de los costos para asegurar que no se afecten los recursos que vienen del Estado para el funcionamiento de la Universidad.
SEMANA: ¿Han tenido que despedir a personal debido a esta crisis?
J. J. A.: Sí, hemos tenido que hacer ajustes. En algunas áreas, como consultorías y administración, hemos redistribuido recursos. También hemos reducido personal en algunas dependencias centrales. En total, hemos tenido que prescindir de entre 12 y 15 personas.
SEMANA: ¿Lo que buscan es que las facultades asuman ciertos costos, pero que no se paguen con los recursos del fondo general?
J. J. A.: Exactamente. Queremos que las facultades utilicen fondos especiales, como los convenios y contratos que gestionan directamente, para asumir ciertos costos. No podemos cargar esos gastos al fondo general, ya que eso pondría en riesgo el pago oportuno de salarios y otras necesidades fundamentales.
SEMANA: ¿Y cómo avanzan las discusiones con el Gobierno nacional para cambiar la reglamentación sobre la financiación de las universidades?
J. J. A: Estamos en contacto con el Gobierno nacional, y agradecemos el apoyo de la Gobernación de Antioquia, que ha facilitado el préstamo a la Universidad. El Ministerio de Educación es consciente de la situación y estamos trabajando para que se modifiquen los artículos 86 y 87 de la Ley 30, de modo que los recursos que recibimos se ajusten a las necesidades reales de las universidades. Este es un tema que venimos planteando desde 2011, y que ya es urgente. Esperamos que, a partir de 2025-2026, tengamos una financiación más adecuada.