La Contraloría General de Antioquia encendió las alarmas por una serie de supuestas irregularidades que habría en la cartera que gestiona la Alcaldía del municipio de Sopetrán. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el presunto detrimento patrimonial superaría los cinco mil millones de pesos.

El proceso de vigilancia arrancó el 31 de enero de este año cuando un ciudadano presentó una denuncia sobre las inconsistencias que habría en una de las dependencias del pueblo. Al parecer, no cuadraban las cuentas en la entrega y liquidación de las licencias urbanísticas que aprobaba la administración.

El ente que vigila el control fiscal en el departamento abrió una investigación donde, en primer lugar, sus funcionarios se tomaron las instalaciones de la Secretaría de Planeación de Sopetrán con el objetivo de inspeccionar los permisos de construcción que se generaron durante las vigencias de 2020 y 2021.

Los analistas decidieron hacer una muestra aleatoria simple sobre los documentos radicados. Entre tanto, se verificaron las normas urbanísticas generales y cumpliendo de las leyes que están establecidas para darles trámite a las diferentes licencias para la urbanización, parcelación y construcción de inmuebles.

La lupa se puso con especial atención sobre los pagos por expedición, liquidación, impuestos de delineación urbana, recaudo y destino de las cesiones urbanísticas, procedimientos de obligatorio cumplimiento a la hora de adelantar procesos de licenciamiento para la ejecución de obras en los municipios de Colombia.

“Analizada la información recopilada, surtida la evaluación y trámites correspondientes a la acción de fiscalización, se generaron ocho hallazgos con presuntas incidencias fiscales y disciplinarias”, detalló la Contraloría General de Antioquia a través de un comunicado dirigido a la opinión pública.

Uno de ellos es escandaloso. Al parecer, en el momento en que se expidieron las licencias de construcción no se verificó el respectivo pago de los impuestos por parte del titular del documento. Es decir, se sospecha que los funcionarios asignaron la resolución y pusieron el sello sin recibir el dinero requerido.

Los funcionarios también alertaron que en la Secretaría de Planeación no se evidencia un seguimiento eficiente a las cuentas pendientes por pagar, ni se analiza correctamente los predios que deben ser entregados. Tampoco se habrían calculado eficientemente la carga de obligaciones económicas para los titulares.

“La entidad no liquidó correctamente el impuesto de delineación urbana, generando una diferencia en el valor del pago realizado y el valor que se debió cobrar, según lo establecido en el estatuto tributario vigente para la fecha de expedición de las resoluciones”, se lee en el informe de control.

El material recopilado fue calificado por la Contraloría General de Antioquia como una evidente irregularidad que debe ser escudriñada a fondo para encontrar a los responsables. Los datos darían cuenta de una posible conducta antieconómica en la gestión fiscal, traduciéndose en un presunto detrimento patrimonial.

Juan Carlos Zapata Pimienta, contralor auxiliar de la auditoría delegada departamental, indicó que este trabajo debe efectuarse en conjunto con la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para ser concluyentes en la defensa integral del ciudadano y los recursos del Estado.

“Estos hechos evidenciados en Sopetrán nos generan una alerta importante para continuar evaluando en diferentes municipios del departamento el efecto cumplimiento del cobro de las compensaciones urbanísticas”, argumentó el funcionario al referir que el posible desfalco sumaría $ 5.163.007.120.