A través de la circular 1332 de 2023, la Procuraduría General de la Nación rechazó los recientes actos de violencia que se presentaron en el municipio de Buriticá (Antioquia), en los cuales resultaron heridos dos guardias de seguridad y un minero de la compañía Zijin Continental Gold, después de un ataque con explosivos y armas largas dentro de la mina, explotada legalmente por esa empresa, el pasado 1 de octubre.
En comunicaciones enviadas a los ministros de Defensa, Iván Velásquez; y del Interior, Luis Fernando Velasco, el ente de control les recordó que ha venido alertando sobre esta situación y que en reunión sostenida el pasado 7 de julio, se había requerido al Gobierno Nacional y a las administraciones departamentales y municipales, tomar medidas para el desescalamiento de la misma, lo que aún no ocurre.
Por esta razón, también les solicitó un informe detallado sobre las acciones que se adelantan actualmente para asegurar el orden público y que convoquen un consejo de extraordinario de seguridad en territorio para evitar que la situación escale.
“Reiteramos el llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional para que tomen las medidas necesarias, urgentes y céleres para restablecer el orden público en el municipio y conjurar esta problemática”, aseguró el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte.
El del pasado 1 de octubre fue el tercer ataque denunciado por esa multinacional china, en el que mineros ilegales, fuertemente armados, intentan tomarse los socavones. Bajo tierra, sujetos desconocidos habrían activado 51 artefactos explosivos improvisados y efectuado 110 disparos con el fin de afectar las operaciones de la multinacional Zijin - Continental Gold.
Dos integrantes del grupo de seguridad tuvieron lesiones y uno de los mineros informales presentó afectaciones en sus pulmones, supuestamente, por la manipulación de los elementos. “Esta persona fue auxiliada por integrantes de los equipos de emergencia y rescate de la compañía y atendido en el marco de los protocolos en materia de derechos humanos y llevado a un centro asistencial”, reportó la organización.
Tras esta emergencia, se conoció en las redes sociales que nueve ciudadanos habrían quedado atrapados en los socavones irregulares y, varias horas después, fueron rescatados por sus compañeros.
La multinacional insistió que la práctica de tomarse a la fuerza sus instalaciones está poniendo en peligro la vida de los empleados, contratistas y mineros que desarrollan la extracción ilícita.
“No cesa la afectación al orden público y, particularmente, el accionar de la minería ilegal en los túneles de Buriticá. Esta situación viene siendo crítica y ocurre diariamente, sin que haya aún una reacción por parte de las instituciones”, agregó la empresa.
Solo en el mes de septiembre se reportaron 7.077 detonaciones de explosivos para avanzar en la toma de los socavones sobre el título de los chinos, lo que, en promedio, representó cerca de 236 detonaciones diarias.
¿Qué está pasando?
Los dueños del depósito de oro más importante de Colombia batallan contra el Clan del Golfo a 600 metros de profundidad para defenderlo. Las balas no se escuchan en la superficie y solo se conoce su crudeza cuando salen los cuerpos heridos o sin vida.
La mina escondida en las montañas de Buriticá, Antioquia, es el punto de la confrontación. La compañía china Zijin-Continental Gold abrió caminos para extraer materiales preciosos, pero el grupo armado se los está arrebatando a sangre y fuego.
Dos de los tres túneles que conducen a lo más profundo de la Tierra están ocupados por los ilegales, quienes compraron terrenos aledaños para infiltrar las carreteras subterráneas. Bajo la inversión de los extranjeros, han sacado irregularmente hasta dos toneladas de oro. Eso se traduce en millones de pesos divididos entre los hombres que comandó alias Otoniel y los foráneos que se entierran en la mina por la fiebre del dinero o por la necesidad de sus hogares. Según las cuentas de la empresa, la invasión supera las 700 personas.
La Policía Nacional y los agentes privados de seguridad han tratado de tomar el control de los terrenos. Cuando se acercan, reciben disparos y les lanzan explosivos desde la oscuridad de los socavones. Solo en 2022, se contabilizaron 2.501 detonaciones.
En efecto, los carros que se mueven por los túneles tuvieron que ser blindados, los empleados deben ser escoltados cuando se acercan a las zonas de peligro y están obligados a desempeñar sus actividades con chalecos antibalas por el alto riesgo. Aunque todos los días se accionan las pistolas contra los funcionarios, la última gran emergencia ocurrió el pasado 17 de mayo cuando dos trabajadores fallecieron y otros 14 resultaron heridos tras la activación de un cilindro bomba.