La Defensoría del Pueblo denunció que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) impuso un nuevo paro armado en el departamento de Chocó en medio del cese al fuego. Hay alerta por desplazamientos y confinamientos de indígenas y afrodescendientes.
Al parecer, la guerrilla ordenó restricciones en el municipio de Medio San Juan por cuenta de los enfrentamientos que sostiene con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —Clan del Golfo— por las rutas del narcotráfico y el control territorial.
El responsable sería el frente de guerra occidental Omar Gómez. Así lo hicieron saber sus integrantes en un panfleto que circula en las redes sociales, analizado por las autoridades y las entidades que hacen parte del mecanismo de verificación del cese de hostilidades.
Los ilegales relataron que se han medido a los hombres que comandó alias Otoniel. Como resultado, habrían asesinado a cuatro de ellos y cuatro más resultaron heridos. Además, en la jurisdicción del Valle, combatieron a las disidencias de las Farc dejando dos fallecidos.
“Con cese al fuego o sin cese, las operaciones militares, en conjunto con entre paramilitares del Clan del Golfo, disidencias y las Fuerzas Militares, se mantienen y se intensifican”, habría escrito el Ejército de Liberación Nacional desde Chocó.
En efecto, ordenó suspender el tránsito de transporte sobre el río San Juan y sus afluentes. La guerrilla aseguró que estas medidas, supuestamente, buscan proteger a la población civil debido a los fuertes combates que continúan en ese sector del departamento.
A raíz de este turbulento escenario que aterroriza a las comunidades del municipio de Medio San Juan, la Defensoría del Pueblo recordó que las organizaciones que operan al margen de la ley están en la obligación de respetar los derechos humanos.
De momento, se desconocen los estragos que ha dejado el paro: “Hacemos presencia en la subregión del Medio San Juan y realizamos monitoreo de la situación. Una vez cesen las acciones y se pueda ingresar a la zona, nuestro equipo verificará derechos”, dijo la entidad.
También pidió la intervención de las autoridades para mitigar las complicaciones que amenazarían con un desplazamiento y confinamiento en la región, tal como se ha documento en las últimas semanas por los violentos enfrentamientos entre el ELN y AGC.
Así lo manifestó la Defensoría del Pueblo por medio de sus redes sociales: “Solicitamos al Gobierno nacional y sus instituciones que, de manera inmediata, haga presencia en la región para atender a las comunidades y garantizar sus derechos”.
Francisco Barbosa confirma que explosivista y francotirador del ELN llegaron a Bogotá: “No hay que minimizar esto”
Las amenazas del ELN sobre la capital del país y sobre la vida del fiscal Francisco Barbosa cada vez son más grandes. El alto funcionario confirmó una información que inquieta a las autoridades.
“Ayer martes 15 de agosto, se conoció información por parte de la Policía Nacional en la que, efectivamente, se dice que hay una persona que llegó a Bogotá, un explosivista y francotirador. Cada día aparecen nuevas informaciones que confirman las hipótesis”, dijo en entrevista con La W Radio.
Barbosa agregó: “No hay que minimizar esto, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esto con seriedad, sigo comprometido con la paz, con lo relativo con el proceso del ELN, pero, más allá de esto, hay una situación que había que advertir entendiendo que me voy en cinco meses y no puedo quedar expuesto a que me asesinen al día siguiente de salir”.
Las declaraciones del fiscal se dan luego de que SEMANA revelara un poligrama en el que la Policía Nacional ordena extremar las medidas en Bogotá tras una posible escalada de violencia en la ciudad por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La administración distrital ya se está moviendo rápidamente para hacerle frente a la situación.
La Policía advirtió que a la capital del país se desplaza alias William, reconocido dinamizador de acciones de este grupo armado en el departamento de Norte de Santander. Además, este sujeto también se desempeñaría como explosivista y francotirador.
Así mismo, al parecer, otros integrantes también se estarían desplazando hasta la ciudad para adelantar acciones terroristas.
Frente a estos hechos, SEMANA logró establecer que el Distrito le pedirá a la Policía Metropolitana de Bogotá desarrollar cuanto antes un consejo de inteligencia antiterrorismo con los diferentes organismos de seguridad para revisar y verificar si hay alguna información puntual o amenaza terrorista para la ciudad.
En el poligrama, la Policía señala que no se descarta que exista afectación en contra de unidades e instalaciones de la Fuerza Pública, así como acciones en contra de la población civil y miembros del Gobierno nacional.
Por lo anterior, la institución ordenó mantener una comunicación directa con cada una de las unidades de la Policía y del Ejército Nacional, para activar fuentes y redes de apoyo a través de la coordinación con “diferentes especialidades”. Igualmente, se realizarán “labores de inteligencia para el fortalecimiento de medidas de seguridad operativa y física en dispositivos e instalaciones policiales”.
Además, con el objetivo de no generar vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas por el ELN para adelantar las amenazas terroristas, la Policía ordenó extremar las medidas de seguridad en cada uno de los complejos, realizar estrategias disuasivas, poner en práctica las técnicas de patrullaje y alertar de manera preventiva.
Estas posibles acciones terroristas del ELN se dan en medio del avance de los diálogos de paz que sostienen con el gobierno del presidente Gustavo Petro, y mientras está en vigencia el cese al fuego al que se acogieron los diferentes frentes de esta organización criminal.
Además, la información también se conoce después de que SEMANA revelara que este grupo armado tendría un plan para asesinar al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa; a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y al excomandante del Ejército Nacional, general (r) Eduardo Zapateiro.