La desaparición de dos personas desde el domingo 1 de octubre, en la desembocadura del río San Andrés al embalse, llevó a un grupo de personas a bloquear las vías de acceso fluvial y terrestre a la central Hidroituango.
Esta medida se mantuvo desde el día martes 3 de octubre, hasta la tarde de este jueves 5 de octubre, cuando se logró un acuerdo con la comunidad que solicitaba, entre otras cosas, que EPM dispusiera de buzos para la búsqueda de los ciudadanos.
Ana Milena Joya Camacho, vicepresidenta de sostenibilidad y estrategia de EPM, indicó: “Se levanta el bloqueo en los cinco puntos que se tenían en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Agradecemos a la comunidad esa disposición al diálogo con todos los funcionarios de EPM para que, precisamente, podamos avanzar en los compromisos y apuesta de desarrollo de todo este territorio donde se ejecuta el proyecto”.
La funcionaria destacó el acompañamiento realizado por las autoridades en este proceso, entre las que se encuentran la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Antioquia y los funcionarios de los municipios de Ituango, Briceño y Toledo.
Desde EPM, indicaron que este bloqueo estaba impactando a miles de personas entre empleados, contratistas y comunidad de los municipios vecinos, y generó una incidencia directa sobre la seguridad de la central, el cronograma de obra de las unidades 3 y 4, y la confiabilidad energética del país.
Recordaron que, aunque la labor de búsqueda de desaparecidos corresponde a los organismos de socorro, la compañía, bajo el principio de solidaridad consagrado en el artículo 3 de la Ley 1523 de 2012 y la colaboración armónica entre entidades del Estado, apoya al cuerpo de bomberos de Toledo con el suministro de dos lanchas con sus conductores, sobrevuelos de dron con personal especializado, hidratación para los socorristas, acompañamiento psicosocial para las familias de los desaparecidos y hospedaje.
Frente a los bloqueos, indicaron que estos no solo estaban impactando a la central Hidroituango, sino a los municipios vecinos, especialmente los habitantes de Ituango, generando afectaciones al comercio, al suministro de gas, víveres, alimentos y la atención en salud, al no poder trasladar pacientes.
A esto se le sumaba la imposibilidad de usar la vía alterna que comunica al corregimiento de Puerto Valdivia con el sitio de presa, afectando la movilidad de los habitantes de veredas de los municipios de Briceño, Ituango y Valdivia.
Además, estaba comprometiendo la operación de las compuertas del vertedero y la subestación de 500 kilovoltios, con un aumento del riesgo para las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa. De la misma forma, se afectaban los sistemas de bombeos de aguas de infiltración de las cavernas del proyecto, las cuales impiden que este se inunde y se pierda control de la obra.
Los acuerdos
1. El primer acuerdo tiene que ver con el corredor humanitario que permitió el acceso a la alimentación, recursos de salud y cambios de turno por parte de los colaboradores de la central.
2. EPM, como apoyo a las organizaciones de socorro y en solidaridad con las familias de las personas desaparecidas, entregó una maquinaria para que se pueda remover la empalizada que se tiene en el lugar de los hechos.
3. Constitución de una mesa permanente con las comunidades para que el diálogo sea constante en estos escenarios.
“Hacemos una invitación para que, entre todos, arropemos este proyecto, la seguridad energética del país y se recuerde que hay vías como el diálogo y la conversación que el grupo EPM siempre ha dispuesto para todos y que estamos abiertos a todas las conversaciones que tengamos que generar”, dijo Joya Camacho.
Por último, reiteró que estas vías de hecho muchas veces ponen en riesgo no solo a las comunidades y la prestación del servicio, sino también a los trabajadores y la seguridad energética del país.