Desde los municipios de Cáceres y Tarazá, localizados en la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia, se reporta una crítica situación de orden público.
Pese a que se decretó toque de queda en 12 municipios del departamento por el paro minero; encapuchados habrían salido a las calles a enfrentarse con la fuerza pública.
Según reportó una fuente a SEMANA, personas desconocidas y con capuchas intentaron prenderle fuego a la estación de Policía del corregimiento de Jardín de Tamaná, en Cáceres. Asimismo, le estarían lanzando piedras y objetos contundentes a uniformados del Esmad, quienes están en el lugar intentando controlar la situación.
Al parecer, hasta ahora el hecho ha dejado a una persona lesionada con arma de fuego. Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado al respecto.
Cabe recordar que al final de la tarde de este viernes, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció la declaratoria de un toque de queda en 12 municipios de ese departamento. La medida fue concertada para garantizar el orden público y coordinar la acción de la fuerza pública en el marco del paro minero.
La disposición está vigente desde las 6:00 de la tarde de este viernes, 10 de marzo, y se extenderá hasta el sábado 11 a las 6:00 de la mañana.
El toque de queda aplica para 6 municipios del Bajo Cauca, 5 del Nordeste y 1 del Norte de Antioquia, es decir:
Bajo Cauca: Caucasia, Cáceres, Nechí, Tarazá, El Bagre y Zaragoza.
Nordeste: Yaií, Vegachí, Remedios, Segovia y Yolombó.
Norte: Valdivia.
Según el decreto expedido, quedan exceptos de la medida el personal del sector salud y aquellos que trabajan en empresas de servicios públicos fundamentales para la garantía del mismo.
“Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa; además de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de la Rama Judicial, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de las Personerías Municipales, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, se lee en el documento.
Sobre el paro
Las protestas iniciaron desde el pasado jueves, 2 de marzo, en las subregiones del Bajo Cauca y nordeste antioqueño. Los mineros pretenden que la Fuerza Pública cese las operaciones contra la extracción ilícita de yacimientos, actividad que ha devorado parte de las montañas de esas subregiones y ha contaminado los afluentes que por allí corren, según la Gobernación.
De acuerdo con un informe del Gobierno nacional, 300.000 personas están afectadas por los bloqueos y las comunidades más lejanas tienen hambre.
Un grupo de ciudadanos tomó la decisión de frenarle el paso a los vehículos que tengan como destino a los municipios del Bajo Cauca y nordeste. La situación más crítica la viven en Caucasia, Nechí, El Bagre, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Segovia, Remedios, Vegachí y Yalí.
La comida se está agotando y los establecimientos comerciales no tienen productos para ofrecer. Las farmacias no cuentan con suficientes medicamentos, los hospitales se quejan por la falta de pipetas de oxígeno y los colegios operan a media marcha por la alteración.
Así lo denunció el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, desde la ciudad de Medellín: “Estos bloqueos han venido desabasteciendo la alimentación, generando hambre en sectores rurales. La afectación a la población está siendo supremamente delicada”.
Tal como lo reveló SEMANA, aseguró que la protesta nació por la destrucción de nuevas dragas utilizadas para la minería ilegal el pasado primero de marzo, operativo que contó con el visto bueno del presidente Gustavo Petro y que enfureció al Bajo Cauca antioqueño.
El movimiento del paro se tomó las calles el siguiente día y advirtieron que sería pacífico. Con el paso de las horas, se desdibujó la intensión. Los violentos impusieron un toque de queda, ordenaron cerrar las puertas del comercio y prohibieron la circulación de carros.
Supuestamente, detrás del caos estarían las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes instrumentalizarían a los pequeños, medianos y grandes mineros para presionar a la fuerza pública con el fin de que suspenda las operaciones contra la extracción ilícita.