En Investigaciones adelantadas, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justica afirmó que el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, estaría involucrado en las presuntas irregularidades detectadas en el direccionamiento del contrato para la construcción de la hidroeléctrica de Ituango.
Además de Ramos Botero, otras personas serían parte del proceso. Una de ellas es el excalde de Medellín, Alonso Salazar; Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, exgerente del IDEA, y por último, Federico José Restrepo Posada, exgerente general de EPM.
“En la investigación se conoció que Ramos Botero conoció y avaló cuatro acuerdos, en los que los accionistas nombraron un nuevo gerente de Hidroituango S.A. ESP y la junta directiva modificó el Manual de Contratación para permitir que uno de los socios, entiéndase EPM, fuera designado como contratista”, según un comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación.
Además, el ente acusador lo señala de haber realizado cuatro acuerdos, en los que los accionistas pudieran nombrar un nuevo gerente de Hidroituango S.A. ESP. Así mismo, la junta directiva modificó el Manual de Contratación para permitir que uno de los socios, entiéndase EPM, fuera designado como contratista.
Ramos asegura haber actuado en interés del departamento.
Por otra parte, se dio a conocer a través de la Fiscalía que el exmandatario realizó visitas a la Presidencia de la República, y a la Consejería de las Regiones para mayo y junio de 2010. Recibiendo apoyo a la modalidad de contratación directa que fue escogida.
Se cree que así fue que para el 30 de marzo de 2011, Hidroituango S.A. suscribió con EPM el contrato BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer), rompiendo los principios de buena fe contractual, planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, delitos por los que es acusado.
Gobernador de Antioquia defiende a tres de los imputados en caso Hidroituango
El mandatario de los antioqueños, Aníbal Gaviria Correa, tomó partido en el escandaloso proceso judicial que enfrentan los exfuncionarios públicos que son cuestionados por la Fiscalía General de la Nación, en medio de dudas sobre el procedimiento que les dieron a contratos del megaproyecto de Hidroituango, próximo a encender dos de sus turbinas.
Las palabras de solidaridad fueron emitidas en su cuenta de Twitter a favor del exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo; al exgerente general de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico José Restrepo Posada, y al exgerente del Idea, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, señalados por el ente de acusación como presuntos responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Si bien los procesados refutaron los argumentos presentados por una unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los investigadores insistieron que las tres personas –junto al exgobernador de Antioquia y hoy condenado por parapolítica, Luis Alfredo Ramos Botero– incurrieron en la falta que deberán desmentir en un juicio.
El material probatorio recolectado daría cuenta que los implicados habrían intervenido en las discusiones que permitieron celebrar un contrato que tenía un beneficiario directo: EPM. Así las cosas, los cuestionamientos están fijos, porque se habrían desconocido los principios de transparencia, planeación, responsabilidad y selección objetiva.
Ahora bien, el gobernador de Antioquia expresó que se estaría cometiendo una injusticia contra Fabio Alonso Salazar Jaramillo, a quien reemplazó en la silla de la Alcaldía de Medellín cuando ejerció como mandatario local entre 2012 y 2016. Salazar le entregó a Gaviria la presidencia de EPM que, por esa época, ya tenía el manejo de Hidroituango.
“Es un gran ser humano. Como servidor público y alcalde de Medellín: valeroso, íntegro, intachable, de profunda sensibilidad; como escritor: magistral analista y cronista de nuestra realidad. Duele, duele berracamente la injusticia contra él, que es contra todos”, se lee en el trino de Aníbal Gaviria Correa, en el que también adjuntó una frase sobre la justicia.