Manuel David Zapata Rivera fue enviado a la cárcel para que rinda cuentas por el homicidio de un amigo, a quien habría atacado con arma de fuego y desaparecido con el propósito de quedarse con su automotor. La Fiscalía reveló detalles del expediente.
Los hechos ocurrieron el 26 de agosto de 2023 en el municipio de Alejandría, Antioquia, cuando la víctima fue contactada para transportar a un grupo de personas desde la vereda Tocaima hasta el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro.
Cuando el señor llegó a cumplir la cita, a bordo de su carro particular, habría sido lesionado con disparos por Zapata Rivera. Al parecer, el delincuente trasladó el cuerpo sin vida en el mismo carro hacia una zona despoblada donde lo sepultó.
La hipótesis de la Fiscalía es que este sujeto habría puesto cal en la tumba de la víctima para que no fuera desenterrado por los animales. Sin embargo, los restos fueron ubicados el 16 de septiembre de 2023 por funcionarios del CTI.
Minutos más tarde del crimen, el supuesto homicida se encargó de lavar el carro con el fin de eliminar cualquier tipo de evidencia que lo involucrara con la muerte violenta y lo vendió por ocho millones de pesos en la ciudad de Medellín.
La situación no terminó aquí, pues él fue señalado de quedarse con el teléfono del fallecido e interactuar con sus allegados. Un fiscal recolectó elementos probatorios que también lo involucrarían con un presunto pedido de dinero.
Ahora bien, el automotor fue hallado una semana después en la capital de Antioquia y las luces forenses pusieron en evidencia machas de sangre en la silla del conductor y el baúl, donde se presume que fue trasladada la víctima para ser desaparecida.
Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses le aclaró a la Fiscalía que dichos elementos sí correspondía a los fluidos del hombre que, por ese momento, era buscado en todo el departamento de Antioquia.
Luego de esta rigurosa investigación, el ente de acusación llevó ante un juez a Manuel David Zapata Rivera para que responda por homicidio, desaparición forzada, hurto calificado, porte de arma de fuego y acceso abusivo a un sistema informático.
Él no aceptó los cargos. No obstante, el juzgado valoró el material probatorio y ordenó recluirlo en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones por la muerte de quien, en vida, fue una de las personas más allegadas.