La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó el asesinato de dos mujeres de 24 años al interior de una residencia del municipio de Itagüí. Un grupo especializado de la institución está reconstruyendo el crimen para dar con el paradero de los responsables.
El hallazgo se informó sobre las 7:15 a. m. de este domingo a la línea de emergencia, donde un ciudadano dio cuenta de la posible muerte de varias ciudadanas en el barrio Robles del Sur. De inmediato se desplazó la patrulla y encontró los cuerpos sin signos vitales.
Las víctimas fueron identificadas como Laura Mascaroz Reinos y Ana María Martínez Suárez, quienes estarían consumiendo bebidas alcohólicas en el inmueble minutos antes del doble homicidio y llevaban pocas semanas en el vecindario.
Los cadáveres fueron impactados con varios disparos y abandonados en el tercer piso de la estructura. El mayor Gilberto Gutiérrez Botello, oficial de supervisión de la Policía Metropolitana, indicó que están tras las pistas para identificar a los homicidas.
“El componente de investigación criminal e inteligencia policial inician sus actividades a fin de esclarecer los móviles del hecho perpetrado en la municipalidad de Itagüí”, reportó el oficial. Paralelamente, la Fiscalía se sumará a las labores judiciales.
Con este episodio, ya son 97 las mujeres que han muerto de manera violenta en lo que va corrido de este año en el departamento de Antioquia.
Fiscal de Medellín enfrenta escándalo por supuesta corrupción
La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de uno de sus funcionarios en Medellín, quien estaría involucrado en supuestos hechos de corrupción. Al parecer, habría exigido dinero a cambio de agilizar los procesos que estaban en su despacho.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre mayo y septiembre de este año al interior de la Unidad de Intervención Temprana.
El primer episodio lo habría protagonizado con un sujeto de 70 años que, supuestamente, le habría depositado en varios pagos cerca de $ 3.000.000 para que ‘llegara a buen término’ una denuncia que había instaurado por ser víctima de una estafa.
Con la primera cuota, ya hubo cambios en el proceso. Así lo anunció el ente acusador:
“Las labores de policía judicial permitieron establecer que, el mismo día en que el hombre de la tercera edad le habría consignado la primera cuota de un millón, el fiscal archivó la investigación de manera arbitraria y sin fundamento jurídico”.
El segundo caso se reportó en septiembre, cuando el fiscal habría contactado a otra víctima de estafa y, luego de identificarse como el titular del caso, le habría pedido entre uno y dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para acelerar el estudio.
Sin embargo, el sujeto se negó a girar los recursos y presentó la queja ante la entidad. Lo mismo pasó con dos hermanos, quienes habrían sido oficiados por el servidor para soltar tres salarios mínimos para “trabajar con mayor celeridad en una denuncia que habían interpuesto”.
Frente a este escenario, la Fiscalía lo está acusando como el presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y concusión, en concurso homogéneo y sucesivo.
Esto se sostendría con una serie de materiales probatorios recopilados por la misma entidad, con apoyo de la Policía Nacional. En el archivo figuran testimonios, interceptaciones telefónicas y seguimiento de personas.
Sobre todo, “la Fiscalía investiga los movimientos financieros por cuantía de $ 180 millones en la cuenta bancaria del hoy procesado, realizados durante este año”, se lee en un comunicado dirigido a la opinión pública.
El fiscal fue capturado el pasado 14 de noviembre en el búnker de la Fiscalía y, durante las audiencias preliminares, no aceptó los cargos. No obstante, un juez le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanzan los estudios en su contra.