El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ya tiene en su poder una carta elaborada por las madres y cuidadoras de los centenares de jóvenes que han sido asesinados en la ciudad de Quibdó durante los últimos años, quienes le expresan su preocupación por la falta de resultados en las investigaciones y posterior acusación de los responsables de estos crímenes.
La misiva sirve para hacerle saber situaciones que son realmente aterradoras como el hecho del surgimiento de nuevas estructuras delincuenciales que se disputan los territorios para el tráfico de sustancias estupefacientes o el cobro de extorsiones, por lo que no se puede ir de un barrio a otro a plena luz del día por el riesgo de ser asesinado al cruzar involuntariamente una de las denominadas fronteras invisibles.
Se le indica, además, que la ciudadanía se encuentra en la obligación de asumir las conductas que establezcan las bandas armadas y que el comercio está sujeto a lo que estas dispongan, ya que fijan los horarios, establecen las rutas y hasta cobran sus propios impuestos.
Detallan que la situación se agrava porque la justicia formal parece ir cediendo a las normas extrajurídicas y porque el Estado se limita a hacer un aumento del pie de fuerza, pero no realiza mayor inversión social para fomentar la educación y las actividades que permitan arrebatarle personas a los grupos violentos.
Acerca de esta petición, se le aclara al fiscal que las 59 firmantes son apenas una muestra representativa de los cientos de asesinatos, pero que dan una idea bastante clara de lo que está sucediendo, ya que hay casos que ocurrieron hace más de una década y no hay ningún avance investigativo, por lo que debieron acudir a la ayuda de organizaciones como la Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos para acceder a la justicia.
Las 59 madres y cuidadoras explican que 14 de las víctimas eran menores de edad, siete ejercían actividades de liderazgo social y cuatro eran mujeres entre los 15 y los 23 años, para cuyas familias no ha existido nunca acompañamiento psicosocial ni tampoco garantías de justicia, verdad, reparación y no repetición.
Por ahora quedan esperanzadas y confiadas en que se realice un trabajo decidido por parte de la entidad para dar claridad a estos crímenes y todos los que han ocurrido durante más de 10 años en Quibdó, los cuales deben dejar de ser considerados como hechos aislados porque en realidad se trata de un exterminio sistemático de niños, niñas y jóvenes que por el momento son una simple estadística condenada al olvido.