Los gremios de taxistas de la capital de Antioquia y el resto de municipios del Valle de Aburrá se unirán a la protesta mundial en contra de las aplicaciones digitales que prestan servicios de transporte no regulados. La manifestación empezará a las 9:00 a. m. en el sector de Yumbo de la 75 y culminará en las inmediaciones de La Alpujarra.

“Nos están arrebatando el pan de la boca”, ese es el argumento que tienen los conductores amarillos para salir a las calles durante este jueves. Los protagonistas del malestar son las personas que reciben beneficios económicos tras gestionar viajes a través de internet. Desde hace ocho años los está atormentado Uber y sus derivados.

Según el cálculo de las asociaciones de trabajadores en Antioquia, las aplicaciones han sustituido el 50 % de los trayectos que cubrían hace 60 meses en el Área Metropolitana. Ese escenario ha golpeado sus bolsillos frente a un negocio que multiplica ganancias diariamente por las flexibilidades que les ofrecen a los usuarios.

El vicepresidente de la Federación del Gremio de Taxistas en esta subregión del departamento, Nilson Enrique Baena Zuluaga, explicó que los agremiados no muestran oposición por no estar incluidos en la red a razón de que reconocen las grandes ventajas que trae para el sector, sino el vacío en la legislación que cubre a las aplicaciones.

Mientras ellos están cumpliendo con las obligaciones para prestar el servicio como lo indica la regulación colombiana, los vehículos particulares y motocicletas están movilizando a los clientes sin blindarlos de los riesgos que están en la vía. Es decir, las empresas digitales no están costeando los seguros requeridos para la operación.

“Acá está en riesgo es un usuario. Tenemos que pensar en ellos. Si le van a prestar un servicio de transporte, que sea protegido con un seguro. Además, que el carro cumpla con todas las normas legales que exige el Ministerio de Transporte. También que el conductor tenga pase estricto para manejar servicio público”, dijo el vocero de los taxistas.

Esos vacíos no estarían siendo vigilados por las autoridades en el Valle de Aburrá. Así las cosas, la manifestación busca llamar la atención de los congresistas y el nuevo gobierno para que incluya en su agenda los reclamos del gremio: regulación o penalización rigurosa a las personas y empresas que promueven el transporte informal en el país.

Otro pliego de peticiones también está infiltrado en la protesta, pero vinculan directamente a las administraciones municipales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En primer lugar, las asociaciones piden modificaciones en el pico y placa para los vehículos que están enfilados en las aplicaciones digitales de transporte.

A juicio de los taxistas, los carros y motos deberían estar sometidos a una restricción de 24 horas cuando el dígito de la matrícula lo establezca. Además, por el alto flujo de automotores que están circulando por las calles de la subregión, sugirieron ampliar a tres números la política del pico y placa para todos los actores viales de la ciudad.

La última solicitud vincula a las entidades que están encargadas de asegurar el territorio. Para los conductores de taxi, los delitos contra los agremiados y pasajeros están desbordados. En la lista de faltas aparece la extorsión, secuestro y robo. “A nosotros nos convirtieron en la caja menor de los ladrones”, concluyó Baena Zuluaga.

Frente a este caso en particular, esperan mayor acompañamiento de la Policía Nacional en las calles y resultados en las investigaciones que se adelantan por los crímenes cometidos. Recientemente, un usuario de un taxi quedó lesionado luego de recibir un impacto de bala cuando trató de frenarle el paso a un fletero en Medellín.