La nueva administración de Empresas Públicas de Medellín (EPM) adelanta una barrida en la compañía para sacar a los funcionarios que Daniel Quintero habría dejado atornillados en los cargos. Tras una escandalosa polémica, María Camila Villamizar fue despedida este 9 de enero y recibirá una indemnización por la suspensión de su contrato.
Ella se desempeñó como la directora de relacionamiento con el Gobierno nacional y tenía un salario superior a los 25 millones de pesos, un puesto que fue creado durante la Alcaldía saliente. Según el concejal de Creemos, Alejandro De Bedout, las tareas institucionales las realizó de manera continua desde la ciudad de Bogotá.
Fuentes de la empresa de servicios públicos indicaron que la salida de Villamizar obedeció a un asunto administrativo y mencionaron que se garantizaron sus derechos labores, también sus prestaciones sociales. Junto a ella, deberán abandonar la compañía tres personas más que fueron posesionadas por Jorge Andrés Carrillo, exgerente de EPM.
Se trata de Fabio Marín, gerente de relaciones externas; Carmen Ángel, gerente ambiental y social; y Andrés Moreno, vicepresidente de transmisión y distribución de energía. Sin embargo, en las próximas horas se esperan más cambios en los puestos directivos por orden de la nueva gerencia, a cargo del ingeniero John Maya Salazar.
Alejandro De Bedout, quien acompañó el proceso de empalme de la compañía, detalló a SEMANA que la suspensión de los contratos se dio porque los protagonistas gozaban de un “puesto hecho a la medida”. Es decir, eran trabajadores oficiales y no ocupaban funciones de libre nombramiento y remoción, por lo que no fueron declarados insubsistentes.
“Estamos muy contentos y respaldamos cien por ciento al nuevo gerente de EPM por esa decisión que tomó, de despedir a todos estos funcionarios que estaban intentando atornillarse y quedarse en estos cargos directivos. Esto trae unas implicaciones económicas”, comentó el concejal del partido Creemos de Federico Gutiérrez.
Según las cuentas del corporado, Empresas Públicas de Medellín tendría que pagar hasta setenta millones de pesos de indemnización a María Camila Villamizar. Lo mismo ocurriría con los demás empleados que integraban la mesa central de la compañía y que salieron en los primeros días del año 2024 de la compañía por el cambio de administración.
En el caso particular de Villamizar, Daniel Quintero salió en su defensa por medio de las redes sociales: “Lo que hay contra ella es una persecución laboral por razones políticas por parte de un gerente que fue condenado por Hidroituango y un alcalde que rompió el gobierno corporativo para sacar a los que pusieron la demanda de Hidroituango”.
Aunque no fue la única crítica que emitió el exalcalde tras la polémica, él afirmó: “Doble moral. Gana un gobierno alternativo y hablan de ruptura del gobierno corporativo, toma hostil, y masacre laboral. Ganan ellos y rompen el gobierno corporativo, entregan las juntas a carteles privados y piden renuncia hasta a funcionarios de carrera”.
La nueva gerencia seguirá analizando con lupa las contrataciones y estudiará con la nueva junta directiva los casos más espinosos de la compañía. Por ejemplo, la estrategia judicial que está activa en el proyecto de generación de energía más importante del país y el futuro de la empresa de comunicaciones de Tigo – UNE.