Más de 100 migrantes ilegales viajaban entre el departamento de Putumayo y Necoclí (Antioquia), donde las autoridades detallaron que más de la mitad eran menores de edad.
Ante esta situación, la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Samuel Alvarado Solano, como presunto responsable de transportar en un bus de servicios especiales a estos extranjeros.
El procesado fue capturado en flagrancia por servidores de la Policía de Carreteras en el municipio de Dabeiba, Antioquia, cuando conducía un bus en el cual viajaban 116 migrantes procedentes de Haití, Brasil y Camerún, donde las autoridades establecieron que 73 de los extranjeros eran menores de edad.
El investigado no se allanó al cargo imputado por la Fiscalía por el punible de tráfico de migrantes. La judicatura ordenó la incautación con fines de comiso del bus en el que se desplazaban.
Cabe mencionar que en junio de 2022, Alvarado Solano, fue sentenciado a 64 meses de prisión domiciliaria por tráfico de estupefacientes, delito que fue cometido en el mismo automotor en el que se movilizaba en esta ocasión con los migrantes.
Ruta de migrantes por el Tapón del Darién
La Procuraduría General de la Nación conoció, durante una visita de verificación en Necoclí, Urabá antioqueño, que la fuerza pública encontró minas antipersonal instaladas muy cerca de una de las rutas que utilizan a diario miles de migrantes para atravesar la selva del Darién hacia Panamá.
La situación es verdaderamente escalofriante por cuenta de la difícil situación que afrontan quienes se toman el riesgo de cruzar este punto, que termina, para muchos, convirtiéndose en una pesadilla.
En desarrollo del Puesto de Mando Unificado (PMU), que acompañó el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, el pasado 15 de marzo, se reveló que en un patrullaje realizado a principios del mes se detectó un explosivo tipo camándula, enterrado en un camino del sector de Polín, zona rural de Acandí, Chocó, paso obligado de una de las rutas que suelen tomar los migrantes con el fin de cruzar la frontera entre Colombia y Panamá en su camino hacia Estados Unidos.
Frente a esta situación, el representante del Ministerio Público solicitó a las autoridades presentes articularse para determinar a la mayor brevedad si existen otros lugares minados en el Tapón del Darién y poner en marcha operativos de búsqueda y desactivación de artefactos explosivos improvisados con el fin de evitar una tragedia.
La Procuraduría también recibió denuncias sobre una nueva modalidad de tráfico ilegal de migrantes vía marítima entre el corregimiento de Capurganá, Chocó, y la población panameña de Carreto, que está ocurriendo en horas de la noche, a bordo de lanchas rápidas cuyo tránsito está prohibido por la capitanía de puerto e implica enormes riesgos para los migrantes.
A pesar de estos peligros, el servicio estaría siendo ofrecido como una alternativa más fácil y rápida de llegar a Panamá, pero de altísimos costos, como una especie de servicio élite de tránsito.
La problemática es aún más preocupante teniendo en cuenta que, según cifras entregadas por el Comando de Policía Urabá, el tránsito de migrantes ha aumentado en un 401 % entre 2022 y 2023, registrando 50.135 ingresos entre enero y febrero de este año, frente al 10.006 que ingresaron en los mismos meses del año pasado.
En Necoclí, la situación se hace más compleja, ya que, según información reportada por la Alcaldía municipal, al menos 300 de esos migrantes, entre ellos niños, adultos mayores y madres gestantes, permanecen asentados en las playas buscando como completar los 300 dólares aproximadamente por persona que exigen actualmente quienes operan el tránsito entre esta población y la frontera con Panamá.