La Personería de la capital de Antioquia encendió las alarmas en la tarde de este 30 de noviembre por las críticas condiciones en las que se encuentran más de tres mil personas que están recluidas en el centro carcelario de El Pedregal. De acuerdo con la denuncia, desde hace dos días los detenidos no tienen acceso al servicio de acueducto.
El agua no volvió a salir de los grifos desde las cuatro de la tarde del martes 29 de noviembre. El Ministerio Público advirtió que las necesidades básicas de los privados de la libertad están en riesgo, al igual del personal que tiene a cargo la vigilancia. Este penal es administrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El titular de la Personería delegada para el Área Penal, Familia y Convivencia de Medellín, Mateo Gómez, advirtió que el incidente que se reportó hace más de 24 horas no ha sido atendido en los tiempos en los que se debe resolver a raíz de las condiciones de confinamiento al que se encuentran sometidas las personas que están dentro de la cárcel.
“Lo más grave aún es que el día 30 de noviembre de 2022 no se ha restablecido este servicio y se sigue vulnerando el derecho a estar en condiciones dignas a esta población. Desde esta agencia del Ministerio Público solicitamos a las autoridades pertinentes restablecer este servicio y garantizar los derechos”, indicó el funcionario.
De acuerdo con las estadísticas del Inpec, en el centro penitenciario de El Pedregal se encuentran recluidas 3.459 personas, cuando la infraestructura está diseñada para atender a 3.165 ciudadanos. Es decir, hay una sobrepoblación que supera el tres por ciento. Dentro del penal hay sujetos condenados (2.253) y sindicados (979).
De igual manera, la Personería Distrital de Medellín llamó la atención por las condiciones en las que se encuentra la población privada de la libertad en la capital de Antioquia. De acuerdo con los análisis adelantados en los últimos días, el hacinamiento en los centros de detención transitoria supera el 800 por ciento de su capacidad.
La grave situación de los derechos humanos se ha identificado en las estaciones de la Policía Nacional, unidades de reacción inmediata y salas de paso que no están diseñadas para cumplir con las obligaciones que hoy están asumiendo: atender por un largo periodo a las personas que están a la espera de resolver su situación judicial en el Valle de Aburrá.
Con corte al 7 de octubre, en esta región del país están recluidos por fuera de los centros carcelarios cerca 1.801 ciudadanos mientras llegan sus sentencias. En los penales no han sido acogidos porque también están a reventar. Con base en los índices del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la sobreocupación es del 98 por ciento.
Ese número es aterrizado por el defensor de los derechos de la población privada de la libertad en Antioquia, Jorge Carmona. En sus visitas identificó que la carencia de la oferta se puede evidenciar en cada rincón de los espacios donde están los reclusos. Además, denuncia supuestos incumplimientos en los alimentos y los servicios de salud.
“Es realmente preocupante, indignante, humillante, discriminatorio e inhumano. No pueden olvidar que estas personas, así sean condenadas, sindicadas, culpables o inocentes, aún no han perdido la condición de seres humanos y deben ser tratadas como tal. Este problema ya lleva de diez largos años”, señaló el veedor ciudadano.
La condición más crítica se mantiene en las instalaciones de la Sijín. Si bien hay camas para veinte personas, en este momento las autoridades están atendiendo a 397. El colapso es total y no hay respuestas a la vista para mejorar el paso de los procesados. El Ministerio Público entregó la siguiente cifra: la sobrepoblación es del 1.885 por ciento.