El Ejército Nacional recuperó los cuerpos de cuatro personas que perdieron la vida en medio de una incursión armada de grupos ilegales en el Bajo Cauca antioqueño. Las autoridades judiciales esperan que se retome el control del orden público para ingresar al territorio y adelantar la inspección técnica a los cadáveres.
El hallazgo se dio en la vereda San Pablo del municipio de Cáceres, donde se enfrentaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del ELN por el control de la minería. De momento, se desconoce si las víctimas mortales son miembros de la comunidad o integrantes de estructuras delincuenciales.
Mientras los uniformados verificaban la situación, fueron atacados con fusiles sin causar estragos a la tropa. Allí hay alerta máxima porque la población civil está en medio de las balas y se estarían violando sus derechos, tal como lo han denunciado varias organizaciones que defienden los intereses de los campesinos.
A eso se suma el confinamiento masivo al que están sometidos los ciudadanos por la guerra de ambos bandos, cuyo propósito sería apoderarse de las economías ilícitas que deja el territorio, como el oro. Además del ELN y las AGC, también estarían teniendo protagonismo en el conflicto las disidencias de las Farc.
El comandante de la Fuerza de Tarea conjunta Aquiles, general Eduardo Alberto Arias Rojas, anunció que sus hombres se desplegaron sobre la vereda San Pablo para evaluar la situación y, en las próximas horas, se dará a conocer el informe completo de la alteración del orden público que sacude a la ‘paz total’.
“Podemos indicar que se desarrollan operaciones militares con las unidades que se encuentran en el área de operaciones. Se ordenó realizar un consejo de seguridad extraordinario para poder obtener toda la información que tengan los organismos e instituciones del caso”, mencionó el alto mando del Ejército.
Disidencias de las Farc imponen nuevo ‘manual de convivencia’ en Antioquia: estas son las indignantes reglas
Las autoridades están investigando la veracidad de un panfleto que habría emitido el frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia, donde da cuenta de un supuesto ‘manual de convivencia’ que deberían cumplir los habitantes de tres subregiones, tal como lo ordenaron hace unos días las subestructuras 18 y 58.
En el documento se lee que las escandalosas reglas cobijan a los municipios de Guadalupe, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Amalfi, Anorí y Bajo Cauca (Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza), cuyo objetivo sería “(…) aportar a la construcción de una verdadera paz con justicia social”.
La directriz de la guerrilla está condicionada a altas sumas de dinero. Es decir, si un ciudadano infringe la norma, debería pagar. En dado caso de que no cuente con los recursos, tendría la posibilidad de llegar a un acuerdo con la organización delincuencial para cancelar el ‘comparendo’ en menos de un mes.
En primer lugar, la persona no tiene permitido el consumo de sustancias psicoactivas en las zonas urbanas y rurales de los pueblos señalados. Si es sorprendida, la multa sería de $ 3′000.000. Los presuntos disidentes de las Farc advirtieron en el documento que “seremos implacables con el microtráfico”.
Las invasiones de tierra tienen una sanción de $ 7 millones; los “amanecederos” cuestan $ 3 millones; las riñas $ 2 millones; “a los que les gusta destruir con la lengua” más de $ 1 millón; ingresar animales a los establecimientos comerciales y a menores de edad a sitios donde vendan licor tendría una penalidad de $ 1 millón.
Ahora bien, después de las dos de la mañana, la guerrilla habría restringido el tránsito de carros. Si el conductor no demuestra una emergencia, “debe incurrir 3′000.000 y decomiso del vehículo por un mes. Todos aquellos deudores morosos han de realizar acuerdos de pago antes de un mes, de lo contrario, 1′000.000″.