La Alcaldía de la capital de Antioquia le adjudicó a una firma mexicana la construcción de la cárcel metropolitana donde albergarán a 1.339 sindicados y tendrán dos años para ponerla en funcionamiento.
La compañía tiene una “amplia experiencia en este tipo de proyectos carcelarios”, por lo que también asumirá la operación logística y de mantenimiento de la infraestructura por quince años.
El penal estará ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, tendrá una capacidad de 1.339 personas privadas de la libertad y tendrán “estándares técnicos y de seguridad de última generación”.
El propósito es reducir el hacinamiento en los lugares de paso, como las estaciones de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía, que se calcula en un 218%.
Esta obra fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional que instaron a las autoridades distritales a tomar las medidas necesarias para disminuir la presión en los centros carcelarios, dado que se estaban violando los derechos de los detenidos.
La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas es la entidad responsable de la estructuración completa del proyecto con un equipo “in house” que no requirió acompañamiento externo.
Los estudios de factibilidad se tasaron en $2.717 millones, mientras que en el mercado una consultoría similar puede costar más $4.500 millones, lo que se traduce en una eficiencia del 66 %, según la Alcaldía.
Habrá seis pabellones destinados para un edificio de justicia, salud, transición y espera, administración, guardia externa, atención integral, caniles, guardia interna y seis torres de vigilancia. También se diseñaron lugares especiales para cada una de las necesidades.
El diseño inicial expone espacios para internos con movilidad reducida, género, condenados transitorios y visita íntima. Todo esto para sindicados, quienes están amontonados en la infraestructura de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá de manera crítica.
Pero este proyecto no es del gusto de todas las personas. Prueba de ello es el debate que se dio en el Concejo de Medellín. Solo con once votos a favor, fueron aprobadas las vigencias futuras para su edificación por más de 56.200 millones de pesos anuales por doce años de manera continua.
Los corporados de la banca de oposición manifestaron desacuerdo por las condiciones técnicas y sociales que se platean en la iniciativa, aduciendo que existen múltiples necesidades básicas insatisfechas en el corregimiento de San Cristóbal, como la cobertura de los servicios públicos.
También levantaron su voz para apoyar a la comunidad que clama por no construir más cárceles cerca a sus viviendas y los niños. Al contrario, invertir dinero en las vías de acceso y la infraestructura educativa. No obstante, se recibió el aval y la obra comenzará en 2024.
Mientras que los concejales que están a favor dijeron que la Cárcel Metropolitana para sindicados es un alivio para atender las necesidades que tiene esta población. “Viven una situación dolorosa de hacinamiento en las estaciones de Policía donde no existe salubridad”, señaló la corporación.
Ese mismo concepto tiene el secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo Ossa: “Presentamos el proyecto de construcción que es de suma importancia para dignificar las condiciones en las que se encuentran los privados de la libertad en las 27 estaciones de la Policía”.
También baja la presión al interior de la institución porque se tienen a uniformados cumpliendo funciones que no les corresponde. Por ejemplo, hay 108 funcionarios que están dedicados a la custodia, cuando deberían estar en las calles generando buenas condiciones de seguridad.