Una mujer embarazada que se encontraba en el centro de la ciudad de Medellín estuvo en alto riesgo de perder a su bebé y tener complicaciones en su salud, dado que había iniciado el trabajo de parto sin el acompañamiento de un experto en la materia.
Un ciudadano advirtió del hecho en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Alcaldía. Los expertos tuvieron poco tiempo para reaccionar porque estaba en la etapa de gestación y con aparente debilidad en sus signos vitales, lo que encendió las alarmas.
En el momento en que la recogieron del sector de Niquitao, inició una carrera contrarreloj con destino al servicio de urgencias del Hospital General de Medellín. Ella fue recibida por el equipo médico de la institución en el momento en el que la criatura estaba saliendo.
Sobre la camilla estaba la mujer de 23 años. Aunque esta era su cuarta gestación, la situación podría salirse de control. Sin embargo, el parto se dio de manera natural y ambos se encuentran en buenas condiciones de salud, pero sigue en observación.
“Se identifica a una joven en estado de embarazo. Es su cuarta gestación; tiene tres hijos previos. A la institución de salud llega en estado expulsivo; se traslada rápidamente al servicio de parto, previo a la valoración de ella y de su bebé”, manifestó la Alcaldía.
Se conoció que la paciente no había asistido a los controles prenatales, aunque tenía la experiencia. Pese a esto, la atención se garantizó con el enfoque étnico: ella requirió un traductor indígena para que le diera indicaciones con base en su lengua materna.
Por otro lado, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, denunció que dos menores de edad se encuentran en delicado estado de salud por un cuadro de desnutrición crónica. En conversación con SEMANA, advirtió que corren el riesgo de perder la vida.
Ambos son integrantes de la comunidad indígena que asaltó las instalaciones de la administración el pasado miércoles. Después de un tire y afloje con las familias, les dieron el visto bueno a las autoridades para que los internaran en centros hospitalarios.
El hallazgo se dio en la instalación del albergue transitorio que costea la Alcaldía para la población, que se manifestó de manera violenta contra los operativos para erradicar la mendicidad en la ciudad, donde los menores de edad estarían siendo instrumentalizados.
De acuerdo con el censo de la propia comunidad que llegó desplazada por el conflicto del departamento de Chocó, son 781 habitantes los que están haciendo los reclamos. En esa lista se incluye a 350 niños, también mujeres en estado de gestación y lactancia.
En la brigada de salud se identificaron varios factores de riesgo en el proceso de alimentación, sobre todo en la población más vulnerable. Sin embargo, la situación más crítica se presentó con estos dos menores de edad con antecedentes de desnutrición.
Quintero Calle reveló que los indígenas se salieron de casillas cuando se les planteó la posibilidad de una atención hospitalaria para los dos pacientes. En medio de la discusión con las entidades del Ministerio Público, tomaron la decisión de respaldar la propuesta.
“La comunidad, cuando tratamos de llevar a los niños a hospitalización inmediata, se rebotó y no nos dejó llevarlos, y ellos estaban en riesgo de muerte inminente. Ya en las horas de la noche, la Secretaría de Salud convenció a las madres de que nos dejaran”, dijo.
Uno de ellos fue diagnosticado con neumonía y tiene un riesgo mayor, según lo comentó la administración municipal. Mientras se avanza en la concertación, está activa la comisión social para frenar la presunta vulneración de derechos que estarían enfrentando los niños.