Pocas fueron las personas que se salvaron de caer en las garras de la extorsión del grupo que comandó alias Pipe en el centro de la capital de Antioquia. Al menos 500 denuncias darían cuenta de la red delincuencial que aterrorizó y desocupó los bolsillos del sector.
Los supuestos criminales se paseaban como cualquier turista por las calles de la Plaza Botero, Parque Berrío, La Veracruz y San Benito, recogiendo dinero en cada local que se encontraran abierto. La vacuna les aseguraba un ambiente tranquilo a los comerciantes.
No solo sometían a los propietarios de tiendas, almacenes y restaurantes. En la lista de víctimas también están las trabajadoras sexuales. Además, los ‘dueños de lo ajeno’ fueron obligados a entregar plata con el fin de tener el visto bueno para delinquir en la zona.
Con base en la evidencia recopilada por agentes especiales de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el cabecilla de la estructura decidía a quién se le cobraba y daba el nombre del ciudadano que podía esquivar las obligaciones. Su palabra, al parecer, era ley.
La recolección de los billetes no era una tarea fácil. Los presuntos delincuentes ejercían violencias e intimidaciones cuando daban indicios de resistencia. Las autoridades judiciales sospechan que once personas estaban detrás de este oscuro negocio.
Ellos habrían alcanzado a recopilar 500 millones de pesos cada mes. Durante el tiempo que estuvieron activos y pudieron despistar a la Fuerza Pública, tal vez pudieron haber disfrutado de seis mil millones de pesos, según la hipótesis central de la investigación.
Los afectados fueron los dueños de varios establecimientos. Así quedó registrado en el expediente: hoteles y residencias (109), almacenes comerciales (91), discotecas, bares y casinos (74), parqueaderos (23), transporte (120) y trabajadoras sexuales (15).
Este panorama fue detallado por el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero Calle: “Una red que se encargaba de extorsionar a más de 500 comerciantes, vendedores ambulantes. Era el terror de la zona. Hasta los ladrones tenían que pagarles extorsiones”.
Si bien detrás de este resultado están los expertos de la Policía Nacional, la institución le dio trascendencia al valor que tuvieron las víctimas para señalar a los supuestos responsables del cobro de extorsiones que los mantuvo con terror por varios meses.
Más cuando se reconoce el valor que tenía esta plata para los delincuentes. Al parecer, eran su principal músculo financiero. De esta manera lo explicó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Carlos Humberto Rojas:
“Valoro y reconozco mucho la confianza que nos ha permitido llegar a los comerciantes. No es fácil llegar, después de tanto tiempo, de pagar cuotas y que esta estructura se tuviera que estar alimentando de estas rentas ilegales”, manifestó el oficial.
Ahora bien, fueron once las personas detenidas por el cobro de extorsiones en el centro de Medellín. En medio de las audiencias de legalización de las capturas e imputación de cargos, nueve de ellos fueron enviados a la cárcel y otros dos estarán en sus residencias.
Ellos se suman a los otros 46 ciudadanos que están siendo judicializados en el Valle de Aburrá por exigir dineros de manera violenta. En el marco de estos mismos hechos delincuenciales, se tienen en el radar seis procesos por detenciones ilegales en la región.
Pero sigue el temor en las calles. El alcalde Daniel Quintero Calle anunció que tienen más información de que estas actividades se están haciendo con frecuencia en las calles de la capital de Antioquia. Así las cosas, pidió más golpes para debilitar a los delincuentes.
“Estamos hablando de $6.000 millones que les quitaban a los comerciantes, a los vendedores ambulantes. Hay en proceso más acciones que se van a realizar en los próximos días, porque tenemos más información y cada vez está llegando más”, concluyó.