El Bajo Cauca antioqueño es el epicentro de un nuevo paro minero en Colombia. Desde este lunes, al menos 30 mil ciudadanos alzarán su voz de rechazo por las decisiones estatales que han condicionado su trabajo en los últimos años. Hay fuertes reclamos al Gobierno nacional y a las administraciones de tres departamentos.
Ellos rechazan la destrucción de maquinaria amarilla por parte de la fuerza pública, critican las nuevas limitaciones ambientales para ejercer las labores de extracción, cuestionan la falta de voluntad política del gabinete de Gustavo Petro y reprochan los bajos resultados en la formalización de los mineros.
“Consideramos que, objetivamente, existen condiciones para realizar el paro nacional (…). La criminalización de la actividad y (se) desconoce que la minería en general, no solo del oro, contribuye a construir las herramientas y equipos para frenar el cambio climático y la conversión a energías nuevas y sostenibles”, dijo Conalminercol.
Para abordar estos reclamos tienen un extenso pliego de peticiones que vinculan a entidades de alto nivel. Por ejemplo, al Ministerio de Minas y Energía, al Servicio Geológico Colombia, a la Agencia Nacional de Minería, al Ministerio del Interior, a las autoridades ambientales de la región y a la fuerza pública.
Una de las peticiones es que el Ministerio de Defensa frene los operativos de destrucción de maquinaria que son propiedad de mineros no formalizados: “Suspender la quema y destrucción de maquinaria en minería a través de los operativos realizados por la fuerza pública en contra de las comunidades mineras, pequeños y medianos mineros”.
Los ciudadanos advirtieron que esta protesta será pacífica y pidieron a las organizaciones delincuenciales de Córdoba, Antioquia y Bolívar que no la infiltren, tal como ocurrió en la última versión del paro donde el Clan del Golfo tomó protagonismo en las calles y deterioró la seguridad en todos los municipios de la subregión del Bajo Cauca.
En la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Los tres grupos armados se sostienen con la extracción ilícita de yacimientos mineros, ya sea sacando los materiales o imponiendo impuestos a los que se dedican a la actividad.
Caucasia recibirá a 30 mil personas y la Alcaldía expidió un decreto para regular la convivencia: se prohíbe la venta de licor hasta nueva orden, se restringe el transporte de mudanzas, se suspenden los permisos para porte de armas de fuego y se impide la comercialización de cualquier elemento pirotécnico en el pueblo.
La Policía Nacional y el Ejército también tienen un protocolo de seguridad para brindarles garantías a los protestantes y proteger a la población civil de cualquier alteración del orden público. Sobre la mesa se tienen los antecedentes de marzo de 2023, cuando la subregión se encendió por cuenta de actores delincuenciales.