El presidente Gustavo Petro pidió evacuar a las poblaciones que están en riesgo por Hidroituango cuando se enciendan las turbinas de generación de energía. Ese mensaje desempolvó las críticas condiciones que tendrían los pueblos para atender emergencias.
Un informe revelado por la Procuraduría General de la Nación puso en evidencia las “serias falencias” que hay en la gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial de los cinco municipios que están ubicados aguas abajo de la obra.
Aunque los organismos de socorro no han emitido una alerta para llamar la atención de los habitantes, la lupa se puso sobre Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí a razón de que no estarían listos para operar ante un incidente que se presente en Hidroituango.
El ente de control alertó que las administraciones locales tienen los planes de atención desactualizados. Es decir, sin tener en cuenta los nuevos escenarios de riesgos. Tampoco hay gestión documental ni continuidad en los procesos de mitigación.
Lo más preocupante es que los municipios no cuentan con el personal adecuado para el tratamiento de estas materias y los grupos que reaccionan cuando hay emergencias no están dotados de los elementos indispensables para salvar a los ciudadanos.
“Los organismos de socorro no tienen el personal, entrenamiento, ni los equipos necesarios parar la atención de emergencias”, indicó la Procuraduría en un documento dirigido a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Cosa contraria ocurre al interior del proyecto. A juicio de esta entidad, Empresas Públicas de Medellín tiene un adecuado plan de emergencia y contingencia con responsabilidades claras, redundancia y una cadena de llamadas definidas y actualizadas.
Ahora bien, la responsabilidad de la atención de las emergencias en estas localidades está a cargo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia. Sin embargo, hay obstáculos que les estarían frenando las tareas.
La falta de información que recibiría la Gobernación por parte del desarrollador de Hidroituango no permitiría tener un panorama claro sobre los riesgos que se podrían presentar en el proyecto de generación de energía más importante del país.
Así lo alertó el mandatario de los antioqueños, Aníbal Gaviria Correa, al quejarse de la comunicación que sostiene Empresas Públicas de Medellín con el departamento. Pero, frente a este escenario, estarían trabajando para mitigar las afectaciones.
“Si no tenemos la claridad de la información sobre la puesta en funcionamiento del proyecto, eso nos limita la capacidad desde el [Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo] para la prevención de cualquier riesgo”, dijo el gobernador.
Esa misma dificultad la identificó la alcaldesa de Valdivia, Olga Cecilia Arroyave Molina, al relacionar que la falta de comunicación nubla de luminosidad el estado actual del proyecto y la amenaza que podría representar para sus habitantes.
Pero sobre la mesa no solo está la gestión del riesgo, también la presencia de las organizaciones delincuenciales. La Procuraduría también encendió las alarmas por las probabilidades de vandalismos en el proyecto hidroeléctrico.
“EPM ha instalado un sistema de alerta temprana robusto y redundante, pero es vulnerable al vandalismo y a los grupos armados. Es necesario evaluar la estrategia o el tipo de equipos y continuar campañas de sensibilización para su cuidado”, se lee en el texto.
Este cinco de noviembre se llevará a cabo una reunión del puesto de mando unificado para evaluar las condiciones de riesgo y tomar decisiones que beneficien la seguridad de las comunidades. Ese día se anunciarán las fechas de simulacros masivos.
Mientras que la evacuación de los habitantes dependerá del cronograma de Empresas Públicas de Medellín. Al parecer, el 15 de este mes se prendería la primera turbina y la segunda entraría en funcionamiento diez días después.