La Policía Nacional confirmó el fallecimiento de la patrullera Luisa Fernanda Zuleta, lesionada con arma de fuego en medio de un ataque terrorista protagonizado por los sicarios del Clan del Golfo en el municipio de Yarumal, Antioquia.
Ella luchó por su vida durante 24 horas en una unidad de cuidados intensivos de Medellín, luego de ser víctima del plan pistola cuando patrullaba las calles de esa población del norte del departamento. En esa misma acción ilegal, falleció el policía que la acompañaba.
De acuerdo con el reporte de la institución, el hostigamiento que les produjo la muerte ocurrió a las 2:30 p. m. del sábado en el barrio Santa Matilde. Estando en su motocicleta, fueron emboscados por hombres armados de esa organización delincuencial.
La otra víctima mortal fue identificada como el subteniente Sergio Yepes Páez. Ambos llegaron al sitio del homicidio luego de recibir una llamada telefónica donde un ciudadano advertía sobre una presunta irregularidad en las calles de Yarumal.
El comandante de la región seis de la Policía Nacional, brigadier general Gustavo Franco, aseguró que las pruebas recolectadas por los investigadores dan la certeza de que los cabecillas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ordenaron el ataque.
Para dar con el paradero de los autores materiales de esta acción terrorista que agudizó la situación de la fuerza pública en Antioquia, la institución está dispuesta a pagar hasta 50 millones de pesos por información que dé cuenta de la identidad y ubicación de los sicarios.
Mientras que dará diez millones de pesos para desarticular el grupo de informantes que le está dando cuenta al Clan del Golfo sobre los movimientos de la Policía y el Ejército en el departamento. Ellos son denominados dentro de la organización como ‘puntos’ o ‘postes’.
Al parecer, los ilegales que integran la red del plan pistola en Antioquia están recibiendo grandes cantidades de dinero. Tal como ocurrió en la época más sangrienta de Pablo Escobar en Medellín, están entregando cinco millones a cambio de la muerte de un uniformado.
El comandante Gustavo Franco advirtió que “hemos puesto todas nuestras capacidades técnicas, humanas y de investigación criminal para determinar quiénes son los autores de este hecho y lograr su captura, así como lo hemos hecho en otros eventos que ha afectado la integridad de nuestros hombres”.
Con base en las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, hasta el 14 de julio de este año, en Colombia fueron asesinados 50 miembros de la fuerza pública. 30 de esos homicidios se concentraron en las subregiones de Antioquia, sobre todo en Urabá y el Bajo Cauca.
22 asesinatos cometidos en suelo antioqueño ya tienen responsable a razón de que el ente de acusación, en conjunto con la Policía y las unidades militares, lograron la judicialización de los presuntos autores materiales.
En su mayoría, los crímenes han sido adjudicados a las subestructuras que armó alias Otoniel en Antioquia, Chocó y Córdoba. Los casos más recientes, son encajados al plan pistola que ordenó activar alias Chiquito Malo en esos tres departamentos.
Los estudios de las unidades de inteligencia del Estado revelaron que la arremetida violenta empezó a caminar como retaliación por los golpes que ha recibido la organización delincuencial: extradiciones, combates, capturas y retención de estupefacientes.
Para frenar la crisis de seguridad, la Policía ordenó redoblar los planes de vigilancia y patrullaje. A partir de hace dos semanas, los uniformados están en la obligación de transitar junto a cuatro oficiales con miras a reducir el riesgo.
Mientras que la sociedad civil ha lanzado mensajes para rechazar los homicidios en Antioquia. En las últimas horas, se llevó a cabo una velatón en todos los municipios del departamento para mostrar solidaridad con los afectados.