La administración municipal de Necoclí, Antioquia, resolvió declarar la calamidad pública para atender a los más de diez mil migrantes que están asentados en su territorio, mientras esperan un cupo para cruzar la selva del Darién. La medida se tomó luego de que el Ministerio Público advirtiera sobre las graves condiciones en las que se encuentran.
La crisis humanitaria es protagonizada por ciudadanos de escasos recursos que salieron de sus países para cumplir con el sueño americano. Las autoridades han identificado presencia masiva de venezolanos, ecuatorianos, asiáticos y africanos. El 20 % de esta población son niños y adolescentes. La demanda supera la oferta institucional.
El fenómeno es preocupante, porque los migrantes están varados en las playas de este municipio a razón de que no hay suficientes embarcaciones para pasar el golfo de Urabá, tránsito necesario para empezar a caminar por la tierra del Darién, cuyo recorrido podría tardar entre cinco y diez días, aunque se extendería por las condiciones del terreno.
La Defensoría del Pueblo reveló que el represamiento se mantiene desde hace dos semanas. En un día se llegaron a contabilizar más de diez mil personas. Ellos esperan hasta cuatro días bajo el sol y el agua mientras alcanzan un tiquete de bote que los traslade hacia la zona urbana de Acandí, Chocó, y el corregimiento de Capurganá.
“Este año la crisis migratoria es mucho más grave que la registrada el año pasado porque la cantidad de personas en movilidad humana que han pasado hacia Panamá supera los 150.000, en comparación con los 134.000 migrantes en todo 2021. La tendencia es a seguir aumentando”, dijo el líder de este organismo, Carlos Camargo.
En esa espera hay altos riesgos: al menos mil personas están en condición de calle, escenario que pone en riesgo los derechos de seguridad alimentaria, salud, educación, ente otros. Es decir, a juicio del Ministerio Público, no se contarían con las condiciones adecuadas para el desarrollo migratorio de los extranjeros, tal como lo indica la norma.
Otra de las preocupaciones es la exposición que tendrían frente a las organizaciones armadas y delincuenciales. En esa zona opera el Clan del Golfo y, según denuncias recopiladas por las autoridades locales, estaría instrumentalizando a los caminantes para que carguen con estupefacientes y dinero entre Colombia y Panamá.
También está el riesgo de la explotación sexual comercial. Una alerta emitida por la propia Defensoría advierte que esta práctica estaría vinculando a los menores de edad con el fin de costear el viaje por la selva del Darién que sumaría entre 800.000 pesos y un millón, en dado caso de que un coyote los acompañe en el tránsito por la frontera.
Frente a estas condiciones, el puesto de mando unificado que se instaló en las últimas horas en Necoclí recomendó activar la calamidad pública para asegurarle el cumplimiento de los derechos a los migrantes. Este recurso administrativo permite abrir la cartera pública del municipio con el fin de tomar acciones para mitigar los riesgos.
Así lo definió el alcalde de esta población del Urabá antioqueño, Jorge Tobón: “Nosotros acabamos de decretar la calamidad pública en aras de poder accionar recursos y talento humano para poder actuar. Tenemos que actuar ya porque vemos que hay mucha población migrante en las playas donde tenemos que instalarle baños y tanques”.
Esa gestión estará siendo vigilada por la Procuraduría General de la Nación y los demás organismos del Ministerio Público que tienen la lupa puesta sobre la crisis migratoria que hoy tiene en alerta a las autoridades nacionales e internacionales. Se espera este fin de semana la visita de la embajada de Estados Unidos en Colombia.