Al menos cien menores de edad no han podido regresar al colegio en el norte de Antioquia por los fuertes combates que sostienen las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por el control territorial.
El centro de confrontación es la zona rural del municipio de Ituango. Según las cuentas de la Alcaldía, 300 personas se confinaron y no se atreven a salir de sus viviendas por la zozobra de caer en medio de la violenta confrontación.
Se conoció que están cerradas las puertas de la institución educativa Patricio Sucerquia del centro poblado de Pascuitá. Los padres de familia no contemplan que sus hijos recorran las calles y los profesores se niegan a dictar clases.
Aunque no se tiene el reporte de civiles afectados tras la batalla campal, la comunidad advierte que hay varios cuerpos sin vida que corresponderían a combatientes. De momento no se tiene el número exacto de cadáveres.
Podrían ser miembros de cualquier bando. En un extremo están los integrantes de los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc que tratan de hacerle contrapeso al sangriento poder que ostentan los hombres que comandó alias Otoniel.
Ellos están peleando a muerte por el territorio. Ambas organizaciones desean tener el control absoluto de esa zona de Antioquia que les facilita la extracción de yacimientos mineros y la siembra de cultivos para la producción de drogas.
Sin embargo, lo que más les interesa es la ubicación de Ituango sobre el mapa. Por medio de las montañas del norte del departamento se mueven con facilidad los estupefacientes y el material de guerra, sin caer en los controles de la fuerza pública.
Frente a este escenario, el alcalde lanzó un llamado de emergencia y pidió el apoyo del presidente Gustavo Petro para poder maniobrar. Hay amenazas de más combates y toma fuerza el reclutamiento forzado de menores de edad.
“La solicitud que hemos hecho al Gobierno nacional es más inversión social en el territorio y que incremente el pie de fuerza ya que Ituango es un municipio demasiado extenso. Con los pocos soldados que hay, no da para cubrir todo”, dijo.
La angustia de las comunidades también aumenta por cuenta de la supuesta incursión armada que estaría haciendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ese territorio, situación que podría agudizar el conflicto que azota a esa subregión.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, respondió al clamor del mandatario, mostró preocupación por los combates y dio fe de que los organismos del Estado están atendiendo la alteración del orden público.
“Repudiamos la confrontación entre criminales que tiene atemorizados a los habitantes de la vereda San Luis. Trabajamos unidos con las fuerzas del Estado para recuperar la tranquilidad y garantizar el acceso a la educación”, señaló.
Esta confrontación sólo sería un segmento de la crisis de seguridad que enfrenta Ituango. La Defensoría del Pueblo denunció que el reclutamiento forzado de menores de edad no tiene límite y las autoridades no lo estarían frenando.
Al parecer contactan a las víctimas por medio de las redes sociales y llamadas telefónicas. En medio del intercambio de palabras, exponen los beneficios económicos y los regalos que podrían recibir en dado caso de que cumplan con las tareas que les encomiendan.
También se identificaron prácticas de enamoramiento, suministro de cigarrillos y motocicletas a cambio de favores. Además, estarían poniendo a disposición de los niños y jóvenes un salario que va desde un millón hasta los tres millones de pesos.
La Defensoría del Pueblo aseguró que las personas que viven este flagelo están observando a las organizaciones delincuenciales como la autoridad en los territorios, principalmente los jóvenes, que no se atreven a denunciar por la desconfianza en el Estado.