Las unidades de la Séptima División del Ejército Nacional realizaron un operativo en la madrugada de este lunes en la zona rural del municipio de Anorí, Antioquia. Las tropas iban por el cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc, pero la operación se abortó por una asonada de la comunidad. Los campesinos reprochan esa versión.

A las cuatro de la mañana llegaron los militares a la vereda Tacamocho con información de inteligencia en la que referenciaban la presencia de alias Leo, quien heredó el mando de ese frente guerrillero luego de que alias Cabuyo fuera abatido en el Valle de Aburrá el pasado 10 de junio. En medio del trámite, los habitantes de la vereda frenaron las acciones.

La versión entregada por el comandante de la Decimocuarta Brigada, coronel Manuel Enrique González Díaz, señaló que la captura del guerrillero fue obstaculizada por los vecinos, al enfrentar a los soldados con palos y machetes. Frente a este escenario, desde la capital del departamento se ordenó la evacuación inmediata de las tropas.

Desde la Gobernación de Antioquia lamentaron el incidente y les pidieron a las autoridades avanzar en las investigaciones para judicializar a las personas que obstruyeron la operación en Anorí. En ese sentido, desde el Ejército ya se empezó a documentar la situación para presentar las denuncias ante las entidades correspondientes.

Sin embargo, la Asociación Campesina Norte y Nordeste de Antioquia les restó valor a las afirmaciones del Ejército Nacional frente a la intervención, a razón de que tienen otra versión de los hechos donde advierten sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, puestas en conocimiento de las entidades del Ministerio Público.

“En operativo contrainsurgente y con la cuartada de la supuesta captura del cabecilla del Frente 36 de las Farc, unidades militares, autorizadas por (el) Gobierno nacional, atropellaron desmedidamente a integrantes de una misma familia, ocupantes de tres viviendas en la vereda Tacamocho”, empezó diciendo en un comunicado la agremiación de la subregión.

Asegura que es un atropello porque los soldados no presentaron un documento donde certificaban el visto bueno de las autoridades para invadir los predios de las personas que, en el territorio, son referenciadas como líderes sociales y no colaboradores de la guerrilla. Aunque reconoce que sí circula ampliamente el grupo armado por la vereda Tacamocho.

En las alertas que se presentarán a la Personería de Anorí se lee que las familias abordadas por las unidades de la institución se reconocen como víctimas, porque habrían recibido maltratos físicos, falsas acusaciones, intimidaciones y amenazas por parte de los uniformados. También otra parte de la comunidad que estaba en la caseta comunal.

Con base en las palabras de la Asociación Campesina, los habitantes de la vereda cercaron a los uniformados de “manera pacífica”, luego de que le “retuvieron de manera ilegal el dispositivo móvil y la suma de quinientos mil pesos” a un hombre. En consecuencia, les pidieron a los organismos judiciales una intervención para esclarecer la situación.

“Exigimos investigar y sancionar disciplinaria y penalmente a los militares que participaron en todo lo relacionado con los hechos ocurridos en la vereda Tacamocho. Devolución del dinero, las pertenencias y la reparación de los daños en la infraestructura que causaron los militares, en el procedimiento ilegal que desarrollaron en la vereda Tacamocho”, afirmó la Asociación.

Frente a estas denuncias, la Séptima División del Ejército Nacional respondió que no se referirá a la comunicación emitida por la población. Desde ese comando continuarán con los procesos judiciales que arrancaron en la mañana de este lunes contra las personas que se opusieron a los trámites que adelantaban en esa zona los militares de la Decimocuarta Brigada.