El Gobierno nacional se volvió a sentar con los mineros del Bajo Cauca y nordeste antioqueño que están en cese de actividades desde el pasado 2 de marzo. La negociación no ha sido fácil porque hay puntos que las partes no están dispuestas a cruzar. Sigue la tensión en la mesa de diálogo.
El más reciente encuentro se realizó en la ciudad de Bogotá este jueves y duró varias horas. Los trabajadores informales fueron escuchados por las cabezas visibles de los ministerios del Interior, Ambiente y Minas. También estuvo presente la oficina del alto comisionado para la paz.
El objetivo principal de la contraparte es frenar las operaciones que adelanta la Fuerza Pública contra la extracción ilícita de yacimientos por 45 días. En ese tiempo las autoridades tendrían que hacer una formalización exprés de los mineros que hoy trabajan al margen de la Constitución.
Sin embargo, las autoridades les ofrecieron un subsidio para parar la minería en tanto no gocen de un certificado para arrancar oro de la tierra. Los protestantes dijeron que no hubo especificaciones del monto ni evaluaron las consecuencias para su bolsillo, por lo que la rechazaron de inmediato.
Saúl Bedoya, vocero de la movilización, alegó que el Gobierno pretendió que los mineros firmaran un cheque en blanco para acabar con el paro sin tener en cuenta las bases de la manifestación. Ellos insisten que la única salida es tener garantías de seguridad para extraer los materiales.
Se refieren a la supuesta intranquilidad que les genera el Ejército y la Policía Nacional, quienes tienen la orden de acabar con las grandes maquinarias que se dedican a la minería ilegal en el Bajo Cauca y cualquier territorio donde se descubran, principalmente de grupos delincuenciales.
Al parecer, el ministro Alfonso Prada les negó esa posibilidad: “La respuesta ha sido que no, que no puede ser que un Gobierno se deslegitime ante semejante exigencia”. Eso implicaría darle vía libre a la extracción sin limitaciones amenazando los ecosistemas del Bajo Cauca antioqueño.
Se les advirtió a los representantes del presidente Gustavo Petro que esa posición podría causar un estallido en las comunidades de la subregión. Sin embargo, indicaron que la organización no respalda las alteraciones del orden público que se puedan llegar a presentar próximamente.
Tal como lo ha puesto en evidencia la fuerza pública, detrás de los actos vandálicos estarían las estructuras ilegales armadas. Bajo la lupa están tres subestructuras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes habrían financiado hasta doce días de terror en la zona.
En consecuencia, se ordenó mantener activo el paro hasta que se logre un acuerdo que convenza a los protestantes. Según los cálculos del líder, son 80 mil personas las que dependen del pacto. El subsidio no les llama la atención, sino un proyecto estructural que solucione sus preocupaciones.
Al escuchar a los ministros, les da la sensación de que les quieren tender una trampa: “Se nos está proponiendo algo indecente. Nosotros aquí no hemos venido a pedir limosna, una olla de sancocho. Eso no tiene censura. ¿Ustedes quieren un acuerdo irresponsable?”, agregó Bedoya.
Si bien se extendió el paro sin una fecha de vencimiento, se pidió no acudir a hechos de violencia para presionar al Gobierno. Se tiene como antecedente las órdenes de confinamiento, la quema de vehículos y ambulancias, también el desabastecimiento y amenazas a la población civil.
En las últimas horas, el mandatario regional, Aníbal Gaviria Correa, reiteró su tesis sobre las manos oscuras que están detrás de la movilización: “Ante los gobernadores del país reiteramos que los que ha pasado en el Bajo Cauca y nordeste es una falsificación de la protesta ciudadana”.