La Procuraduría inició una indagación previa en contra de algunos funcionarios de la Alcaldía de Medellín por las supuestas presiones que estarían ejerciendo sobre el personal de la Secretaría de Educación para respaldar la candidatura de Albert Corredor.
En un documento de cinco páginas se resumió la denuncia que fue publicada por el diario El Colombiano. Allí se relató que varios empleados estarían siendo obligados a apoyar el nombre de este ciudadano, quien busca un puesto en las elecciones regionales.
Corredor tomó fuerza en 2019 cuando logró una silla en el Concejo por parte del partido Centro Democrático. Sin embargo, se divorció rápidamente de esta agrupación para sumarse a las filas del alcalde Daniel Quintero, luego de figurar en la oposición. Luego renunció al Concejo.
Precisamente, se investiga si la alianza política que tendría con el mandatario distrital habría facilitado las conductas que hoy son materia de estudio por parte del ente de control disciplinario. Al banquillo pasarán diez miembros de la Secretaría de Educación.
Denuncian que los puestos de los funcionarios estarían condicionados al apoyo que le dieran en las redes sociales a Corredor. Además, tendrían la obligación de asistir a sus eventos. Por ejemplo, en diciembre entregó regalos, natilla, buñuelos y sancochos.
Supuestamente, ellos debían firmar una serie de planillas con el propósito de verificar que estaban cumpliendo cada una de las peticiones. Todo esto se estaría direccionando desde grupos de WhatsApp donde monitorean los pasos de los contratistas de la administración.
Las áreas de la Secretaría de Educación que estarían comprometidas serían las siguientes: Vivero del Software, Programa Entorno Protector, Líder Futuro, Bilingüismo, Infraestructura, Observatorio de la Calidad Educativa, Planeación y Talento Humano.
Esta alerta expondría otras presuntas irregularidades. Se presume que varios empleados recibieron la orden de recolectar firmas para que el exconcejal pueda inscribir ante la Registraduría su candidatura a la Alcaldía de Medellín y así lograr el aval requerido.
También se les habría compartido un cronograma de actividades para cumplir el objetivo: “a partir del próximo 6 de marzo, cada lunes y cada viernes, los contratistas y asistentes deberán hacer entregas parciales de las firmas”, citó a la Procuraduría El Colombiano.
Así las cosas, se le pidió a la Secretaría de Educación que referencie la condición laboral de las personas que fueron nombradas en el artículo. La pregunta formulada es si han tenido relación contractual entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023, período de Quintero Calle.
Bajo la lupa de los investigadores están los señores Santiago Botero, Camilo Jiménez, John Jairo Rico, Daniel Castrillón, Ana Milena Roldán, Ana María Henao, Lina Cardona, Óscar Pasos, Dayan Alcides Marulanda, Juan Esteban Grisales Correa y Alejandro Mira.
Se designó a Mauricio Toro Granada, adscrito a la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, para que en seis meses obtenga el material probatorio que sostengan una decisión de fondo sobre los hechos que fueron advertidos en el periódico regional.
Esta situación pone en el ojo del huracán a la Alcaldía de Medellín y la entidad que es objeto del análisis. En menos de 24 horas, ya son dos polémicas que la empañan. Además de esta, se encuentra la medida de aseguramiento contra la titular de Educación.
Un juez de control de garantías tomó la decisión de recluirla en su residencia por presuntos actos de corrupción que se habrían presentado en el programa infantil de Buen Comienzo, otras dos personas están vinculadas a este proceso judicial por cuatro delitos.
Este martes se conoció que, a raíz del estruendo, Alexandra Agudelo presentó su carta de renuncia. Las riendas de la cartera quedaron a cargo de Juan David Agudelo Restrepo, quien tendrá que lidiar con las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación.