La Fiscalía General de la Nación está adelantando una investigación por presuntos actos de corrupción que involucran a exfuncionarios públicos del distrito de Medellín. Las supuestas irregularidades coinciden con la gestión de Daniel Quintero Calle.
Las posibles inconsistencias se habrían cometido entre mayo de 2020 y diciembre de 2022 cuando el Área Metropolitana del Valle de Aburrá suscribió tres contratos interadministrativos para entregarle a Metroparques cerca de 17.450 millones de pesos.
Al parecer, esta última entidad, mediante una invitación privada, le habría cedido a la empresa Comercializadora Jpino S. A. S. más de 2.415 millones de pesos para el mantenimiento del Parque de las Aguas, un centro recreativo de la subregión.
Con este propósito, se le habría compartido 1.131 millones de pesos más a la empresa 1Soluciones que, de acuerdo con la Fiscalía, resultaría ser una organización de papel. El beneficio también lo recibió Estructuras Zafiro, pero con 848 millones de pesos.
Aunque los hallazgos fueron más allá. A juicio del ente de acusación, en la ejecución de estas contrataciones se habrían presentado sobrecostos en la facturación, mal manejo de los inventarios y no aporte de información de manera clara y oportuna.
Estas “conductas habrían permitido que más de dos mil ochocientos millones de pesos fueron a parar a manos de particulares”, se lee en el expediente conocido por SEMANA. En efecto, fueron imputadas cinco personas que tendrían relación con estos hechos.
Se trata de Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Espitia; Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestra Espitia y Yamileth Galíndez Chilito, representantes legales de las empresas mencionadas por la Fiscalía General de la Nación.
Ellos están siendo procesados como presuntos responsables de las faltas de peculado por apropiación, asociación para cometer delitos contra la administración pública, contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos.
En medio de las audiencias preliminares, los protagonistas no se allanaron a los cargos y se anticipó que en los próximos días la Fiscalía imputará las mismas conductas a un exgerente del Área Metropolitana, una de las entidades más importantes del distrito.
Ahora bien, el secretario de Gobierno de Medellín, Nicolás Ríos, le informó al Concejo que la Alcaldía empezó a remitir a la Fiscalía los resultados que deja la auditoría forense que se le practicó a la anterior administración.
En los expedientes hay escandalosas acusaciones por posibles irregularidades que involucran a varias carteras del conglomerado distrital, por lo que resaltó la importancia de adelantar una investigación.
Seis procesos están bajo la lupa del ente de acusación, según el funcionario. Se trata de contratos firmados en los últimos cuatro años por parte de los empleados de Daniel Quintero y Óscar Hurtado.
Estos están relacionados con el mantenimiento de las zonas verdes, el cuidado del Parque de las Aguas, el apoyo logístico de Metroparques y un presunto detrimento patrimonial en una iniciativa impulsada desde la Secretaría de Educación.
Otro de los hallazgos es que, supuestamente, algunos números habrían sido alterados cuando se expuso el cumplimiento del plan de desarrollo por parte de los trabajadores salientes:
“Se encontraron cifras maquilladas o mal presentadas. Pasaban la plata y ni un solo ladrillo puesto. Va a ser el plan con menos cumplimiento de los últimos 25 años en Medellín”, agregó Ríos este 15 de enero desde La Alpujarra.
Aunque hay más preocupaciones, como las presuntas fallas administrativas en contrataciones en el Centro de Bienestar Animal La Perla, en Ruta N, en la Agencia de Cooperación e Inversión y en Emvarias, del grupo EPM.
En esa lista también figuran las dudas con los proyectos de infraestructura deportiva, mantenimiento en las aulas de clase, estado de la malla vial y los equipamientos culturales, entre otros.