El trabajo articulado entre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación hizo posible la ejecución de tres diligencias de registro y allanamiento, con las cuales se lograron resolver varios crímenes que estaban pendientes en territorio antioqueño.
Uno de estos operativos dio como resultado la captura en el municipio de La Ceja, Antioquia, de un hombre de 30 años de edad, que es oriundo de la ciudad de Quibdó, quien deberá responder por el homicidio de un comerciante identificado como Álex Yesid Ramírez Mosquera.
Los hechos ocurrieron el pasado 17 de junio en el barrio Moravia de la ciudad de Medellín, cuando el indiciado discutió con la víctima porque estaba inconforme al parecer por un servicio que este le había prestado. En medio del altercado habría sacado un arma cortopunzante y le ocasionó una herida que terminó con su vida de forma inmediata.
Entretanto, en el corregimiento Altavista de la capital antioqueña se produjo la desarticulación de un grupo delincuencial, el cual azotaba con su accionar varios sectores de la ciudad como La Perla, Mano de Dios, El Concejo y el Centro.
Tras la investigación realizada por la Policía y la Fiscalía se logró determinar que los cuatro integrantes de esta banda se dedicaban al parecer a cometer delitos como extorsión, homicidio, desplazamiento forzado y tráfico de sustancias estupefacientes.
De esta estructura hacía parte un sujeto conocido con el alias de El Manguero, quien tiene un amplio prontuario delictivo en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), por concierto para delinquir agravado, homicidio, hurto calificado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
De acuerdo con lo manifestado por el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, José Gerardo Acevedo Ossa, también se logró desmantelar una estructura que se dedicaba al hurto de teléfonos celulares de alta gama en sectores turísticos y de diversión nocturna como el Parque Lleras, La 70 y Provenza.
Las labores de investigación permitieron determinar que esta banda podía hurtar más de 50 equipos al mes, los cuales vendían de manera clandestina por un monto superior a los $70 millones de pesos.
Entre los detenidos hay un individuo conocido con el alias de El Español, quien junto a sus cómplices fue enviado a un establecimiento penitenciario por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.
Con mentiras, reclutaban modelos ‘webcam’ en Medellín para enviar a Francia, en trata de blancas; policías estarían involucrados
La ciudad de Medellín se encuentra en el ojo del huracán tras la revelación de un nuevo caso de trata de personas, donde estarían vinculados integrantes y exintegrantes de la Policía.
Según el informe entregado por la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron la captura y judicialización de los presuntos enlaces en Colombia de una red transnacional de trata de personas, señalada de explotar sexualmente a jóvenes en Francia.
Los capturados
Se trata del intendente Carlos Augusto Fernández Raigoza, el subintendente en retiro Álvaro Hernández Pérez y el particular Diego Armado Cárdenas Gaitán, quienes serían los encargados de captar mujeres en Medellín y mantener comunicación con los articuladores de la organización ilegal en Europa, identificados como Georges Kalliterakis, un ciudadano griego conocido como alias León, y el patrullero en retiro Jorge Jhovan Restrepo Lemus.
Los elementos de prueba dan cuenta de que las víctimas eran contactadas con el supuesto de que trabajarían en Francia como modelos webcam y recibirían un sueldo fijo de 20 millones de pesos colombianos.
‘Modus operandi’
Como requisito para viajar les pedían a las mujeres grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior. Este material era enviado a los cabecillas internacionales que se encargaban de dar el aval.
La mujeres que recibían la aprobación de la estructura delictiva tomaban un vuelo en el aeropuerto Jose María Córdova, en Rionegro, Antioquia, rumbo a Madrid o Barcelona, España. En estas ciudades permanecían un día y luego eran llevadas a Marsella, Niza y Montpellier, en Francia.
En territorio francés, las jóvenes se percataban que los registros fílmicos y fotográficos habían sido publicados en comunidades virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, a los que debían acceder para cubrir el pago de una deuda que les imponían por tiquetes, manutención y otros aspectos relacionados con el viaje. Por ejercer estas actividades no obtenían ni la mitad del dinero prometido.
De acuerdo con la Fiscalía, la red de trata de personas estuvo activa entre enero de 2022 y el 7 de marzo de 2023, fecha en la que las autoridades de Francia rescataron a cuatro mujeres y capturaron a cinco de los presuntos articuladores principales, entre ellos a alias León y al patrullero en retiro Restrepo Lemus.
Las declaraciones
Según el informe, tres de las víctimas, de nacionalidad colombiana, entregaron su testimonio a la Fiscalía de Colombia. Una de ellas indicó que, en agosto de 2022, Diego Armado Cárdenas Gaitán la contactó y le habría conseguido un permiso para ingresar a la sede del Comando de Policía del Valle de Aburrá para que pudiera vender unas boletas.
En el lugar le presentaron al entonces jefe de guardia, el intendente Carlos Augusto Fernández Raigoza, quien presuntamente le hizo el ofrecimiento inicial para ir a Francia y mantuvo contacto permanente con ella hasta convencerla y garantizar su salida a Europa.
La mujer afectada detalló que en Marsella fue golpeada por alias León, obligada a tener encuentros sexuales en condiciones indignas y en contra de su voluntad, hospedada en apartamentos en medio de precarias condiciones de salubridad y sin alimentación.
Finalmente, las autoridades francesas la pusieron a salvo en una operación ejecutada el pasado 4 de diciembre de 2022.
Captura y judicialización
El trabajo articulado de la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional permitió capturar a los tres señalados integrantes de la organización criminal en diligencias realizadas en Medellín y Popayán (Cauca).
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó, según la posible participación y rol, los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas. Los investigados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.