Una nueva polémica cobija al proyecto de generación de energía de Hidroituango. En los micrófonos de BLU Radio, el accionista mayoritario cuestionó la aplicación de los seguros como resultado del siniestro que ocurrió en la represa en 2018, a razón de que esperaba que la póliza sumara más dinero del recibido. Alcalde de Medellín y EPM respondieron.

A juicio del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, las empresas que blindaban cualquier contingencia en la construcción estaban contratadas para responderle a EPM por 14 billones de pesos, pero en medio de una estruendosa negociación, solo entraron a la caja cerca de 4,3 billones de pesos por parte de las aseguradoras Mapfre, Sura y Axa.

Esa cantidad de dinero estaba fijada con base en los acuerdos que se gestionaron en las administraciones que lideraron Sergio Fajardo Valderrama, Fabio Alonso Salazar Jaramillo y el propio Aníbal Gaviria Correa; momentos en los que se edificaron los documentos para arrancar la obra que promete entregar el 17 % de la demanda de energía del país.

“El tope fue cuatro billones de pesos. Ese tope es absurdo, porque yo tenía seguros asegurados por 3.150 millones de dólares y lo que había que esperar era que se produjera el lucro cesante”, comentó el mandatario de los antioqueños, quien concentra la representación mayoritaria de las acciones del polémico proyecto que se encenderá este año.

Frente a estas declaraciones, la Vicepresidencia de Riesgos de las Empresas Públicas de Medellín explicó cada uno de los cuestionamientos que emitió Gaviria Correa. En resumen, la compañía negó las acusaciones y defendió la gestión que emprendió para recuperar el dinero, como resultado de la contingencia que puso en peligro a Hidroituango.

Si bien la asociación fue contratada en 2010, empezó a correr desde 2011 y finalizó en 2021. En ese documento se acordó que el valor asegurado relacionaba 2.556 millones de dólares en daños materiales y 628 millones de dólares en lucro cesante. Por lo que la responsabilidad sumaba 3.184 millones de dólares en dado caso de emergencias.

Luego de que se activaran las pólizas en 2018 por los incidentes que se presentaron al interior de la obra, donde se intervino el caudal del río Cauca y la amenaza que se generó por una posible avenida torrencial que afectaría a más de ocho pueblos ubicados aguas abajo del proyecto, entró en definición la responsabilidad de cada compañía.

“Al final, la negociación total alcanzó a los 983,8 millones de dólares. Es importante reconocer que esto no fue una pérdida total. En este sentido, era inverosímil considerar que la aseguradora nos iba a reconocer el valor total asegurado. Por el contrario, la liquidación se correspondió con los daños sufridos”, dijo la Vicepresidencia.

El mensaje del gobernador Aníbal Gaviria Correa fue cuestionado por EPM, dado que las condiciones técnicas que se fijaron en las contrataciones dejaron por escrito que la cobertura total de las pólizas se daría con ocasión a la naturaleza de la pérdida. En ese sentido, como fue parcial, no se desembolsó el total del dinero negociado.

A la discusión también entró el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien tiene una relación fracturada con la Gobernación de Antioquia, principalmente por el tratamiento de Hidroituango y la confrontación que tiene la Administración del Distrito con el sector privado; eso quedó en evidencia recientemente en un acto público al que asistió el presidente Gustavo Petro.

“Aníbal, Contraloría al condenar a constructores certificó máximo pago que debían hacer aseguradoras: 3,9 billones. Constructores deberán pagar 5 billones más. Siempre y cuando políticos locales dejen de proteger a constructores en lugar de defender a EPM y a la gente”, escribió el mandatario local en su cuenta oficial de Twitter.