Algunas carreteras del Bajo Cauca y nordeste antioqueño permanecen cerradas desde el pasado jueves 2 de marzo por cuenta del paro de mineros. Aunque el Gobierno nacional está dispuesto a dialogar, los manifestantes se levantaron de la mesa este domingo.
Las afectaciones son incalculables. Algunos municipios presentan escasez de alimentos y la misión médica ha tenido que enfrentarse a desafíos para poder salvarle la vida a los pacientes, dado que los obstáculos sobre las calles frenan sus labores diarias.
De acuerdo con un informe del Ejército Nacional, los bloqueos se concentran en la troncal que comunica a la ciudad de Medellín con los departamentos de la costa Atlántica. En la jurisdicción de Antioquia, en tramos de los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia.
Los mineros pretenden que la Fuerza Pública cese las operaciones contra la extracción ilícita de yacimientos, actividad que ha devorado parte de las montañas de esas subregiones y contaminado los afluentes que por allí corren, según la Gobernación.
Ante la firme posición de las autoridades frente a sus pedidos, varios sectores han tomado acciones irregularidades para llamar la atención. El cierre de las carreteras solo es una parte de los estragos que han padecido los habitantes durante los últimos cuatro días.
Con una supuesta vinculación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ellos ordenaron la suspensión de actividades económicas en los pueblos. Los comerciantes cerraron las puertas y los buses de transporte público dejaron de rodar por las calles.
También atacaron violentamente las instalaciones de la administración de Caucasia y se requirió la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, rebautizado por el Gobierno como la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.
En medio de las emergencias, capturaron a 29 ciudadanos, con base en los datos suministrados por la Secretaría de Seguridad y Justicia. Otro de los números que generan escándalo en el departamento de Antioquia es la aprehensión de 16 menores de edad.
Los organismos creen que están instrumentalizando a los menores de edad en las alteraciones del orden público en el Bajo Cauca, principalmente en el municipio de Caucasia. Este resultado es el acumulado de cuatro días de intensas protestas.
El jefe de esa cartera, Oswaldo Zapata, reveló que los trabajos de investigación muestran un presunto ofrecimiento a los menores para que se vinculen a este tipo de actividades ilegales, como los bloqueos y ataques a la Fuerza Pública, entre otras actuaciones.
“Siete de los cuales tendrán que atender situaciones de sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y nueve que están en la ruta de restablecimiento de derechos, cuyos padres tendrán que atender diligencias por responsabilidades y sanciones”, se contó.
Esto podría estar sustentado en la infiltración de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes enfurecieron cuando el Ejército Nacional los golpeó: la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles destruyó cinco dragones brasileros que los delincuentes utilizaban para sacar minerales en el río Nechí, en la jurisdicción de los municipios de Zaragoza y El Bagre.
De acuerdo con la investigación conocida por SEMANA, cada mes, la estructura sacaba 1.500 gramos de oro, equivalentes a 3.600 millones de pesos. Durante el tiempo que operó, se llenaron los bolsillos con 7.500 millones de pesos. Este procedimiento los enfureció y, según las labores de inteligencia, los impulsó a apoyar el paro de mineros.
La ruina los tomó por sorpresa porque los uniformados tenían las manos atadas desde el mes de noviembre para atacarlos. Sin embargo, en febrero el Ministerio de Defensa les dio el visto bueno para acabar con las embarcaciones de gran envergadura que estaban ubicadas sobre los afluentes de la subregión y no contaran con el licenciamiento.