Al término de un encuentro que sostuvo con funcionarios del Gobierno nacional, departamental, comunidades mineras y demás entidades y organizaciones participantes, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró que “más del 80 % de los bloqueos del Bajo Cauca y el Nordeste ya fueron levantados”.
Pese a que no se concertaron acuerdos con los líderes de las manifestaciones, el mandatario departamental enfatizó en que los diálogos se suspendieron, pero no se cancelaron.
“Confío en que en los próximos días lograremos superar totalmente la situación agobiante que hoy vive nuestra gente de Bajo Cauca y Nordeste. Mediante el diálogo podemos avanzar unidos en la consolidación de un verdadero Distrito Minero, en armonía con la legalidad y el ambiente”, señaló Gaviria.
Y agregó: “con una acción unificada de toda la institucionalidad, avanzamos en la recuperación de vías del Bajo Cauca y el Nordeste. Seguimos trabajando unidos para restablecer el orden público con toque de queda y presencia preventiva y redoblada de nuestra Fuerza Pública”.
Precisamente el toque de queda arrancó desde las 6:00 de la tarde de este viernes, 10 de marzo, y se extenderá hasta el próximo sábado 11 a las 6:00 de la mañana.
Aplicará para seis municipios del Bajo Cauca, cinco del Nordeste y uno del Norte de Antioquia, es decir:
Bajo Cauca: Caucasia, Cáceres, Nechí, Tarazá, El Bagre y Zaragoza.
Nordeste: Yaií, Vegachí, Remedios, Segovia y Yolombó.
Norte: Valdivia.
Según el decreto expedido, quedan exentos de la medida el personal del sector salud y aquellos que trabajan en empresas de servicios públicos fundamentales para la garantía del mismo.
“Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa, además de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de la Rama Judicial, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de las Personerías Municipales, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, se lee en el documento.
Sobre el paro
Las protestas iniciaron desde el pasado jueves, 2 de marzo, en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño. Los mineros pretenden que la Fuerza Pública cese las operaciones contra la extracción ilícita de yacimientos, actividad que ha devorado parte de las montañas de esas subregiones y ha contaminado los afluentes que por allí corren, según la Gobernación.
De acuerdo con un informe del Gobierno nacional, 300.000 personas están afectadas por los bloqueos y las comunidades más lejanas tienen hambre.
Un grupo de ciudadanos tomó la decisión de frenarles el paso a los vehículos que tengan como destino a los municipios del Bajo Cauca y Nordeste. La situación más crítica la viven en Caucasia, Nechí, El Bagre, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Segovia, Remedios, Vegachí y Yalí.
La comida se está agotando y los establecimientos comerciales no tienen productos para ofrecer. Las farmacias no cuentan con suficientes medicamentos, los hospitales se quejan por la falta de pipetas de oxígeno y los colegios operan a media marcha por la alteración.
Así lo denunció el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, desde la ciudad de Medellín: “Estos bloqueos han venido desabasteciendo la alimentación, generando hambre en sectores rurales. La afectación a la población está siendo supremamente delicada”.
Tal como lo reveló SEMANA, aseguró que la protesta nació por la destrucción de nuevas dragas utilizadas para la minería ilegal el pasado primero de marzo, operativo que contó con el visto bueno del presidente Gustavo Petro y que enfureció al Bajo Cauca antioqueño.
El movimiento del paro se tomó las calles el siguiente día y advirtieron que sería pacífico. Con el paso de las horas, se desdibujó la intención. Los violentos impusieron un toque de queda, ordenaron cerrar las puertas del comercio y prohibieron la circulación de carros.