Recientemente, la Personería de Medellín informó que formuló pliego de cargos a Mónica Alejandra Gómez Laverde ex secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y Juan Daniel Pulgarín Correa, candidato a la Asamblea de Antioquia y exdirector técnico de Grupos Poblacionales.
De acuerdo con la Personería, hay material suficiente para probar que los exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero, no cuidaron de los recursos económicos destinados para los adultos mayores, los cuales fueron direccionados con el apoyo del presupuesto participativo de 2019, y vinieron a ser entregados en el año 2020. Los bonos económicos tenían un valor hasta de 160.000 pesos.
La Personería detalla que, se incumplió por parte de los entonces dos funcionarios, Mónica Alejandra Gómez Laverde y Juan Daniel Pulgarín Correa, el no vigilar los bienes que les habían sido asignados.
Una vez formulado el pliego de cargos, a los funcionarios les resta esperar el proceso disciplinario donde se les juzgara.
¿Se cayó la página de la Personería?
Luego de que se conociera este pliego de cargos, en horas de la madrugada de este martes 26 de septiembre, la página de la Personería de Medellín dejó de funcionar sin que se conozca hasta el momento cuáles son los motivos de su inhabilidad.
La ‘jugadita’ de Daniel Quintero para despistar al gobierno Duque sobre préstamos en el exterior
El alcalde Daniel Quintero retomó la denuncia sobre el supuesto plan que tendría el gobierno de Iván Duque para intervenir Empresas Públicas de Medellín (EPM) a finales de noviembre de 2021. Con el fin de acabar con el presunto riesgo, reconoció haber omitido información a la hora de pedir el aval para hacer préstamos en el exterior.
Quintero detalló que el momento más difícil por el que ha pasado en los últimos años tuvo relación con la “jugada más violenta” basada en la deuda que la compañía de servicios públicos tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de un banco canadiense, que sumaba 450 millones de dólares en Hidroituango.
Al parecer, Iván Duque le habría sugerido a Quintero el nombre de Juan Emilio Posada —actual presidente de ISA— para tramitar ese endeudamiento, aceptando la invitación. Sin embargo, tiempo después, conoció que la familia del consejero era la dueña de Coninsa, una de las constructoras del proyecto de generación de energía que están sancionadas.
Todos los caminos conducían hacia un default en las finanzas —incumplimiento en el pago— que llevaría a una intervención sobre Empresas Públicas de Medellín y la obligaría a vender sus proyectos energéticos. Desde la ciudad de Medellín, se conoció el presunto plan, se adelantaron a él y concluyeron que la única respuesta sería pagar.
Internamente, lograron el dinero para cubrir la deuda a través de préstamos internacionales, sin levantar dudas sobre ello: “Empezamos a conseguir de cien a cincuenta millones de dólares y le decíamos al Gobierno nacional que eran para temas de operación de la empresa, pero, realmente, los íbamos guardando”.
Justo cuando se llegó el tiempo de pagar la deuda, EPM ya tenía los recursos bajo la manga y frenaron la posible intervención. Al parecer, el BID dijo: “Miren, EPM, les vamos a dar 15 días para que paguen”. El gerente les dijo: “¿No me reciben la plata el lunes? La semana anterior, los últimos cincuenta millones de dólares, habían sido aprobados por el Gobierno sin darse cuenta (de) que eran para eso”.
Incluso, advirtió que el entonces presidente Iván Duque tendría listo el discurso para anunciar la toma de la compañía: “Iba a leer el discurso diciendo que al alcalde le había quedado grande, que se había quedado sin contratista, que EPM estaba en crisis, que se quedaba con EPM”.