El Ministerio Público abrió dos indagaciones previas en contra de varios funcionarios de la Alcaldía de Medellín por cuenta de una serie de denuncias que advierten sobre supuestas inconsistencias en la contratación de dos entidades de la administración.
Las investigaciones vinculan a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) donde los veedores ciudadanos han cuestionado los manejos que se le han dado a las carteras.
En la primera entidad, las aparentes inconsistencias habrían ocurrido entre el 2021 y 2022 en el marco de un convenio interadministrativo celebrado entre la Alcaldía, Subsecretaría de Ingresos y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
De acuerdo con el personero William Yeffer Vivas, la indagación se aplicará después de recibir una queja que denunciaba la existencia de presuntos contratos “corbatas” donde algunos contratistas habrían recibido honorarios sin cumplir con las obligaciones contractuales.
“Esta indagación se desarrollará con respeto estricto de la garantía del debido proceso, de tal manera que, si con las pruebas recaudadas se individualizan los presuntos responsables y se identifica la existencia de un reproche disciplinario, se procederá con la apertura formal de investigación disciplinaria y, de ser el caso, la formulación de pliego de cargos”, afirmó el funcionario.
Por otro lado, la misma Personería se afiló los dientes para escudriñar un contrato ejecutado entre el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) y la firma Consultores, que tendría anomalías en su adjudicación.
El negocio se forjó en 2021 sin realizarse los análisis del sector económico ni los estudios de mercado, de acuerdo con los señalamientos del Ministerio Público, cuyas respuestas se darán en las próximas semanas.
Además de lo anterior, se están buscando otras presuntas irregularidades que fueron alertas por ciudadanos donde presentaron evidencia que da cuenta de entrega de contratos sin tener presente los estudios previos: falta de análisis de riesgos y la forma de mitigarlos.
Otra investigación de la Personería
La Personería de la capital de Antioquia dio apertura a una investigación disciplinaria contra dos empleados de la Alcaldía por presuntas irregularidades en la contratación del Sistema Inteligente de Monitorio Integral Móvil, proyecto insignia del plan de seguridad de la administración de Daniel Quintero.
El proceso involucra al gerente de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas, Edwin Muñoz Aristizábal, y a la asesora de la Secretaría de Seguridad y Convivencia municipal, Ana María Betancourt Martínez.
La decisión se tomó luego de que el área de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria de la Personería de Medellín le pusiera la lupa al contrato de adquisición de una serie de elementos tecnológicos con el que se pretendía bajar el índice de delitos.
En agosto de 2021, el alcalde de la ciudad le presentó a la ciudad el moderno sistema, acuñado como el primer policía robot, que prometió disminuir los hurtos que estaban en ese período sobre el 14 %.
De acuerdo con la administración del distrito, este equipo iba a monitorear en tiempo real cualquier punto de Medellín con cámaras de reconocimiento facial y placas con el refuerzo de subsistemas de alertas, luces y audios en doble vía.
“Estas cámaras van a permitirnos hacer despliegues en lugares donde tenemos problemáticas crecientes. Si eventualmente en un barrio encontramos que hay un problema de seguridad, podemos desplegar 40 o 50 de estos y poder hacer control de forma permanente sobre ese espacio y recuperar el territorio”, detalló el mandatario local.
Después de analizar los costos y funcionamiento del Sistema Inteligente de Monitorio Integral Móvil, el Ministerio Público encontró méritos para vincular a los dos funcionarios formalmente a un estudio que, de confirmar las sospechas de supuestas anomalías, podrían ser suspendidos del cargo.
“Los investigados ya fueron notificados del proceso. En el marco de la actuación, se le respetará el derecho a la defensa y se le garantizará el debido proceso”, argumentó la Personería de Medellín.
Así las cosas, una vez adelantada esta primera etapa, el delegado instructor del proceso, con base en las pruebas recaudadas, tomará la decisión de archivar o formular pliego de cargos.