La Inspección Primera de la Policía Nacional de Medellín dio un giro inesperado a la reglamentación de los comparendos que la institución aplicó durante el confinamiento impuesto por el Gobierno nacional, con el fin de contener la propagación de covid-19. Tras la solicitud de la Personería distrital, se dejaron sin efecto cerca de 163.000 órdenes.

La medida fue aplicada sobre los procesos que no se han cumplido, a razón de que los elementos por los que fueron sancionados ahora no tendrían validez. Es decir, las multas que no han sido canceladas o las actividades pedagógicas a las que no acudieron las personas que incumplieron con el toque de queda reglamentado por la Presidencia.

El argumento que presentó la entidad del Ministerio Público es que las medidas de protección para frenar la expansión de la pandemia perdieron validez de juzgamiento cuando se dio por terminada la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional el pasado 30 de junio de 2022. O sea, se venció el plazo para ser asumidas.

Pero el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Carlos Humberto Rojas Pabón, envió un concepto a la Inspección, restándole viabilidad a la iniciativa porque se estaría nadando en contra de las obligaciones de las instituciones del Estado que buscan hacerle contrapeso a los comportamientos que violan la convivencia.

Sin embargo, tomó fuerza el argumento alegado por la Personería: “La pérdida de vigencia escalonada de cada uno de los decretos que sirvieron de fundamento para la imposición de la orden de comparecencia, entre los meses de marzo de 2020 y junio de 2022, hace imposible ahora edificar la imposición de la medida correctiva”, concluyó la Inspección.

En consecuencia, emitió cuatro puntos trascendentales que fueron firmados por los inspectores de la Policía Nacional Claudia Esledy Castrillón Ochoa, Lina María Agudelo Agudelo y César Arturo Arango Alzate. Las decisiones que cobran relevancia se tomaron escuchando todos los puntos de vista de los implicados en el proceso.

Todas van hacia el mismo camino: eliminar cerca de 163 mil comparendos que se impusieron en las calles de la capital de Antioquia, cuando el coronavirus se estaba expandiendo con fuerza por las 16 comunas y cinco corregimientos. La Policía Nacional está en la obligación de acatar las peticiones, aunque se opuso a ellas.

“Declarar la inexigibilidad de la medida correctiva de participación en actividad pedagógica o comunitaria de convivencia del artículo 175 de la ley 1801 de 2016, por decaimiento de las medidas correctivas impuestas en los actos correccionales expedidos por el personal uniformado”, se lee en el fragmento de las medidas a seguir.

También la institución deberá realizar el descargue de las anotaciones que fueron escritas en la plataforma del Registro Nacional de Medidas Correctivas de los comparendos. No obstante, esta flexibilidad solo cobija a las personas que no cumplieron a tiempo con cada una de las multas que les fueron asignadas por saltarse la norma que estuvo vigente.

“Esto le genera un beneficio a 163 mil personas que no tendrán que pagar una suma de dinero producto del comparendo que les fue aplicado por la Policía Nacional. Con esto estamos cumpliendo nuestro deber: respetar la legalidad, normatividad y buscando estar más cerca del ciudadano”, dijo el personero distrital, William Vivas Lloreda.