Las autoridades de Antioquia alertaron nuevamente sobre el tema del reclutamiento de menores de edad por las disidencias de las Farc, que desde hace algunos días adelantan combates en diferentes municipios del departamento de Antioquia.
En esta oportunidad, integrantes de las Tropas Especiales de la Séptima División del Ejército, afirman que los niños han sido observados en los municipios de Briceño, Campamento e Ituango incluso con prendas de las estructuras.
Entre las situaciones que han llamado la atención de los integrantes del Ejército es que los menores que están siendo reclutados corren por las zonas donde se adelantan los enfrentamientos y se registran acciones de hostigamientos.
Frente a este tema que ha sido denunciado de tiempo atrás, las autoridades en el departamento de Antioquia continúan en la ofensiva contra el reclutamiento de menores en la subregión del Urabá. El trabajo es adelantado en conjunto entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ejército Nacional.
El proceso incluye un trabajo especial con los infantes, a quienes les entregan información relacionada con los riesgos del reclutamiento ilícito y las consecuencias negativas de asociarse con grupos armados ilegales.
De acuerdo con las cifras oficiales, durante la vigencia 2022 y los primeros tres meses de 2023 han logrado recuperar a diez menores en la subregión del noroccidente de Antioquia.
Para adelantar estas acciones, más de 50 oficiales, suboficiales, soldados y personal civil de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional recibieron capacitación durante cuatro horas por parte del equipo del ICBF.
Entre la información revelada se encuentra la ruta de atención y los procedimientos para restablecer los derechos de los menores que han sido reclutados por grupos al margen de la ley, con el objetivo de generar estrategias efectivas para prevenir este delito, la utilización, el uso y la violencia sexual dirigida a niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados y delincuenciales.
Adicionalmente, entre ambas entidades “pretenden crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de prevenir el reclutamiento ilícito de menores y se busca promover una cultura de protección y respeto hacia la infancia y la adolescencia”, indican.
Pero Antioquia no es el único departamento donde se tiene esta situación. En el mes de julio se conoció que la comisión especial de la Procuraduría General que llegó a Chocó reveló una alarmante situación de reclutamiento forzado de menores de edad por el ELN y el Clan del Golfo, que se siguen enfrentando en medio de su disputa territorial en el departamento. Esta problemática ha provocado un elevado índice de deserción escolar y un preocupante aumento en los casos de suicidio entre los jóvenes de la región, de acuerdo con el órgano de control.
Según los informes recibidos de la Secretaría Departamental de Educación, solo en el año 2022, 6.019 estudiantes de todo el departamento abandonaron sus colegios. Más del 54 % de ellos provenían de la zona de San Juan, epicentro de la actual crisis humanitaria. Las razones de la deserción están relacionadas con el desplazamiento de las familias y el temor a ser reclutados durante el trayecto hacia las escuelas y colegios.
En ese momento indicaron que, aunque no se cuenta con un registro preciso de los menores reclutados en el departamento, la Policía Regional ha informado que en lo que va del año 2023 se han rescatado 58 menores de edad de las filas de estos grupos armados. Sin embargo, se estima que existe un considerable subregistro en relación con este flagelo.
Jefferson Mena, asesor delegado por la Procuradora para liderar la comisión especial en Chocó, destacó que “una de las graves consecuencias que está dejando el incremento de reclutamiento forzado es el suicidio de jóvenes por temor a ser cooptados para la guerra”.
Además, durante la reunión con las entidades encargadas de atender a los afectados, la Procuraduría constató que las comunidades denunciaron que nunca recibieron los alimentos y otros artículos de primera necesidad que conforman la ayuda humanitaria.
Aunque la Unidad para la Atención de Víctimas (UARIV) desestimó esta denuncia, contrastando la información con la Defensoría del Pueblo y las entidades de cooperación internacional presentes en la región, el Ministerio Público confirmó que, efectivamente, la ayuda mencionada por la UARIV nunca llegó, lo que ha agravado la situación de desabastecimiento para más de 9.000 personas en Istmina, Nóvita, Sipí y medio San Juan.