En el departamento de Chocó se encendieron las alarmas por las nuevas amenazas que recibió el líder y exintegrante de la Comisión de la Verdad Leyner Palacios. Desde varios sectores piden extremar las medidas de seguridad para blindarlo de las intimidaciones.
El ultimátum llegó en un mensaje de WhatsApp en el que le dieron doce horas para salir del territorio. Minutos después, él publicó un párrafo en su cuenta de Twitter donde dio cuenta de la situación que estaba viviendo, despertando preocupación en sus seguidores.
Palacios relató que tenía temor por las palabras que emitieron los violentos. Entre tanto, advirtió la intención de tomar una drástica decisión en su vida comunitaria a raíz de las condiciones de orden público que están azotando a esta región de Colombia.
Así lo manifestó en las últimas horas en sus redes sociales: “Tengo mucho miedo y me voy a esconder para que no me maten. No quiero que vean mi ataúd lleno de mi cuerpo injustamente asesinado. He entendido que la amenaza es la puerta al cementerio”.
Frente a esta situación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó las amenazas que ponen en riesgo la integridad física de un ciudadano que ha trabajado toda su vida a favor de las víctimas que ha dejado el conflicto armado en las tierras de su departamento.
Desde este organismo se les solicitó a las autoridades que ajusten sus protocolos para cuidar al excomisionado de la Verdad. Chocó está amenazado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Clan del Golfo y otras estructuras de carácter local.
“La JEP solicita que, de manera inmediata, las autoridades competentes protejan la vida y seguridad de Leyner Palacios. La construcción de la paz de Colombia solo es posible con el respeto a la vida”, se lee en un comunicado que fue firmado por la Jurisdicción.
Se conoció que el Gobierno nacional ya tomó medidas para asegurar su vida. En este momento, el líder social cuenta con el respaldo del Ministerio del Interior y un grupo especial de cuidado por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El ministro Alfonso Prada lo anticipó en sus redes sociales cuando leyó el mensaje que publicó Palacios: “Toda la solidaridad y apoyo decidido del Gobierno con usted, Leyner, y su familia. Rechazo frontal a las cobardes amenazas. Ya tomando medidas”.
Esta no es la primera vez que ocurre este tipo de incidente en el departamento de Chocó. De acuerdo con el Sistema de Información Estadística, Delincuencial, Contravencional y Operativa de la Policía Nacional, ya son 44 denuncias por amenazas recibidas en 2023.
Las alertas se han emitido desde los municipios de Quibdó, Lloró, Alto Baudó, Bajo Baudó, El Carmen de Atrato, Istmina, Medio Atrato, Río Iro y Riosucio. Más del cuarenta por ciento de las intimidaciones tiene lugar en la capital de esta región de Colombia.
En el mismo informe de esta institución se registró que los delincuentes utilizan armas de fuego para intimidar a sus víctimas. Sin embargo, el 95 por ciento de las denuncias, los ciudadanos manifestaron que no se emplearon objetos letales para amedrentarlos.
Detrás de las amenazas estarían las organizaciones delincuenciales que buscan sostenerse con las extorsiones, tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el resto de estructuras que hacen presencia en el territorio.
Además de estos delitos, las muertes violentas también son un dolor de cabeza para los habitantes. En los últimos seis años, al menos 600 jóvenes fueron asesinados en Quibdó. A eso se le suma el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores de edad.
Varias organizaciones que defienden los derechos humanos claman por los efectos de la ‘paz total’ en el departamento. Únicamente, se presume que el Clan del Golfo es la única estructura criminal que se ha sometido al cese al fuego de hostilidades.