El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quiere fijar un impuesto de seguridad en el departamento y se cobraría por medio de la factura de energía. El presidente Gustavo Petro mostró oposición.
El plan de Rendón, que ha sido rechazado por la mayoría de los sectores políticos, es sumarle un extra a la factura que llega a los estratos 4, 5 y 6, también a los clientes comerciales, industriales y oficiales.
En dado caso de que se apruebe esta medida, de acuerdo con las proyecciones, en los próximos tres años se podrían recaudar 1,2 billones de pesos para invertir en las operaciones de la fuerza pública.
El gobernador ya presentó este proyecto a la Asamblea de Antioquia y tuvo una ponencia negativa. Aunque lo está intentando revivir, sus aliados políticos le han dado la espalda y el sector empresarial no lo acompaña.
El presidente Gustavo Petro se unió a la discusión este sábado con críticas hacia la iniciativa, considerándola como una apuesta regresiva contra el pueblo. Así lo escribió en su cuenta de X:
“Ponerle impuesto a la luz y al agua es quitarle la comida a los pobres y a los trabajadores en Antioquia. Mientras ponen impuestos a la luz en Antioquia, el Gobierno nacional bajará las tarifas de la luz”, dijo el primer mandatario.
Rendón le respondió que la tasa de seguridad es necesaria para cubrir los rubros que abandonó el Estado. Por ejemplo, dotación de tecnología, infraestructura para albergar a los uniformados y prisiones para reducir el hacinamiento.
Él detalló que del pago estarían excluidos el 85 % de los habitantes residenciales pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Mientras que el 60 % de las pequeñas industria y comercios cancelarían menos de $30.000 al mes.
El gobernador le agregó al presidente que el precio de la energía no incrementaría en el departamento por esta tasa, sino la posible escasez que “tiene origen en su odio a las hidroeléctricas y los proyectos de hidrocarburos”.
Andrés Julián también se despachó contra Petro: “Ya que no levanta el cese al fuego, no se oponga a la fuente que dotaría a nuestros soldados y policías de la protección para no los asesinen como en Anorí o Valdivia”.
Ahora bien, el proyecto de Rendón ya ha sido cuestionado por el sector público y privado del departamento, pues no le ven una viabilidad jurídica ni política para que prospere en el largo plazo.