La Procuraduría General de la Nación anunció este domingo 27 de noviembre que inició indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía de Medellín por “presunto detrimento patrimonial al contratar la chatarrización de 50.000 vehículos a $ 98 por kilogramo cuando su valor comercial en el país oscila entre $ 1.000 y $ 1.800″, se lee en el comunicado.

De acuerdo con las denuncias realizadas por este hecho, por cada kilogramo vendido se habrían perdido más de 900 pesos para el erario. Esto significaría una disminución del patrimonio público.

La Procuraduría señaló que también se encuentra investigando sobre cómo se realizó el proceso de subasta que terminó con la adjudicación y celebración del contrato.

El ente investigador solicitó a la Alcaldía de Medellín los estudios y toda la documentación relacionada con la planeación del trámite de selección abreviada por subasta y certificación sobre el estado actual del contrato.

Asimismo, la Alcaldía también deberá enviar al Ministerio Público la información de los servidores públicos que habrían intervenido las etapas precontractual y contractual y precisar, entre otros aspectos, si se delegó la función de celebrar contratos a una autoridad distinta al alcalde.

Procuraduría investiga caso de funcionario de Migración Colombia que agredió a pasajero

La Procuraduría General de la Nación ejerció el poder disciplinario preferente para investigar al funcionario de Migración Colombia que agredió a un viajero en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

El Ministerio público señaló que el proceso será asumido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad y Transparencia Pública, después de haber analizado las distintas imágenes en las cuales el servidor es grabado en el momento en que le propina una patada a un usuario, en una de las filas de la terminal aérea.

Al asumir la investigación disciplinaria, el órgano de control evaluará las medidas que, de acuerdo con el Código Disciplinario Único, podrían adoptarse en contra del funcionario, entre las que se encuentra la suspensión del cargo mientras avanza el proceso.

Posible corrupción en Aerocivil

Un entramado de corrupción llevó a que el órgano de control anunciara las primeras pesquisas a fin de determinar qué tipo de hechos ilegales pueden haber tenido lugar.

El Ministerio Público anunció las primeras pesquisas para conocer qué tipo de delitos se cometieron sobre posibles relaciones entre miembros de la unidad aeronáutica y organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

“La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Aeronáutica Civil, por las presuntas irregularidades contractuales y otros hechos de corrupción que se habrían registrado en los últimos años en esa entidad”, señaló el órgano de control.

Los puntos de “quiebre” en Aerocivil giran en torno a la firma irregular de contratos de prestación de servicios. También, en relación con sobrecostos en la adquisición de herramientas tecnológicas, repuestos, infraestructura, y elementos de comunicación, por ejemplo.

Luego de las revelaciones que destapó SEMANA, el Ministerio de Transporte, en cabeza de Guillermo Reyes, anunció medidas para “desenredar” una red en la que el común denominador ha sido quedarse con el dinero público. Cuenta de ello son una serie de documentos, el listado con más de 100 funcionarios, correos, audios y videos que abren la puerta a una de las “ollas” de corrupción que ha sacudido al país en los últimos años.

“Llegó el momento de tomar acciones, de tomar decisiones de fondo y de investigar denuncias que se han hecho de corrupción en los aeropuertos, de malos manejos, de contratación, de no cumplimiento de normas en concursos, porque estos no son hechos nuevos. Así que vamos a trabajar Gobierno, sindicatos y órganos de control para llegar al fondo de este asunto y luchar contra este flagelo de frente”, aseveró el titular de esa cartera.

En ese sentido, la investigación de la Procuraduría intenta establecer el vínculo que pueden tener servidores de la Aerocivil con narcotraficantes no solo en la capital, sino en otras ciudades del país. El proceder del órgano espera determinar la ocurrencia de las conductas mencionadas, si estas constituyen una falta disciplinaria y, particularmente, conocer con precisión quiénes son los trabajadores relacionados con los hechos irregulares.