La Procuraduría General de la Nación desmintió al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en relación con unos señalamientos que había hecho el mandatario el día de ayer a través de su cuenta de Twitter.
Quintero se refirió a una supuesta persecución del Ministerio Público hacia él. Citó hasta algunos correos que tenían como remitente a la procuradora regional de Antioquia, Angy Plata Álvarez.
Todo esto comenzó con unos supuestos correos que habrían salido de la cuenta de Angy Plata Álvarez, procuradora regional de Antioquia, dados a conocer por el activista político Beto Coral. Se trata de algunas investigaciones en contra de Quintero, como el viaje que realizó el mandatario a Barranquilla para ver un partido de la Selección.
Según Quintero, se ha observado un entramado en el que funcionarios de nivel directivo le ordenan a sus subalternos impulsar procesos en contra de su administración. “Esta es la misma Procuraduría que, contraviniendo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, nos suspendió hace unos meses, que ha iniciado más de 56 procesos en nuestra contra en el proceso de persecución más intenso que haya vivido un alcalde en la historia del país”, aseguró Quintero.
Sin embargo, la Procuraduría dejó claro que no es competente para investigar a un alcalde de ciudad capital y en este caso en particular al alcalde Daniel Quintero. “Las quejas que se reciben en las regionales en contra de alcaldes de ciudad capital deben ser radicadas en el sistema y máximo iniciar una indagación previa, para posteriormente recaudar pruebas y remitir al delegado de instrucción competente en el nivel central”, manifestaron a través de un comunicado.
Por otro lado, explicaron que la filtración será objeto de investigación penal y disciplinaria, debido a que hacen referencia a múltiples actuaciones que impulsa la PGN y solo en algunos se hace referencia a denuncias contra el alcalde Daniel Quintero.
Esto, según el Ministerio Público, resulta fácilmente verificable que se trata de actuaciones cuya remisión por competencia a las procuradurías delegadas del nivel central se había tardado y en ese sentido fue el requerimiento.
La entidad reiteró que las actuaciones surtidas por la Procuradora Regional de Antioquia el día 19 de octubre de 2022 constituyen el pleno ejercicio de las facultades de hacer seguimiento al estado de los expedientes a cargo.
“Para con ello solicitar a los servidores encargados de los mismos el impulso procesal correspondiente. En ninguno de los correos filtrados se observa orden de iniciar investigaciones o trámites que no correspondan a la competencia natural de la Regional”, agregaron.
Los tres procesos que enredan al alcalde de Medellín en la Procuraduría
Mientras el alcalde de la capital de Antioquia disfrutaba de un período de vacaciones junto a su familia, la Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de ponerle la lupa a la gestión que lidera ante la sospecha de presuntas irregularidades.
En las últimas horas, el Ministerio Público le dio apertura a una investigación disciplinaria por su declaración de renta y dos indagaciones previas que están relacionadas con la adquisición de seguros para el proyecto de generación de Hidroituango y los Centros del Valle del Software.
La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa abrió la investigación por haber publicado, supuestamente, de manera extemporánea la declaración de renta y complementarios para el año 2019, según quedó reflejado en auto del Ministerio Público.
Al parecer, el mandatario del distrito habría actuado “desatendiendo los términos establecidos en el artículo 3 de la Ley 2013 de 2019″, que regula la actualización de la declaración de renta y conflicto de intereses por un funcionario público cada año.
La primera indagación está relacionada con la hidroeléctrica de Ituango que está desarrollando Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el norte de Antioquia y donde Quintero Calle aparece como presidente de la junta directiva de la compañía.
El proceso que lidera la Procuraduría contra el alcalde de la ciudad es sobre la supuesta omisión que habría protagonizado junto al gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardosa, por no asegurar contra todo riesgo al proyecto de generación de energía.
Así las cosas, los funcionarios que lideran la investigación buscan determinar si en la actuación de ambos hay posibles inconsistencias que podrían ser objeto de análisis disciplinario. En dado caso de que la respuesta sea positiva, habría consecuencias.
Se conoció que la hidroeléctrica ha tenido complicaciones para encontrar empresas que la blinden de afectaciones por cuenta de la emergencia que ocurrió en el año 2018 y que obligó a varias de ellas a desembolsar más de cuatro billones de pesos a EPM.