La Procuraduría General de la Nación le envió una comunicación al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitando explicaciones sobre la prohibición de proyectos mineros en Antioquia, información emitida por el Gobierno.
Todo empezó el pasado 14 de enero, cuando el mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, arribó a la subregión del suroeste y puso en tela de juicio la continuidad de las iniciativas que buscan extraer yacimientos porque afectarían al ambiente.
Así lo afirmó desde el municipio de Jericó: “Los estudios que nos han llegado de las universidades nos muestran que, indudablemente, hay un peligro entre la minería que se propone y el agua. Entonces, nosotros escogemos el agua”, detalló el presidente.
En esta localidad hay una discusión amplia y polémica sobre el tema, dado que se está adelantando el proyecto Quebradona a cargo de la multinacional Anglo Gold Ashanti, cuyo objetivo es sacar cobre y otros minerales. El mandatario dejó dudas, más que certezas.
“Por el principio universal de precaución, no se puede poner en riesgo el agua. Coincidimos con una parte de la población que ve enmarcado su territorio como un distrito agrario, más que uno minero”, concluyó el presidente en su intervención.
Estas palabras generaron inquietud. Desde la compañía Anglo se emitió un comunicado donde refirió que “tenemos la tranquilidad de que nuestro proyecto Quebradona no pone en riesgo el agua del territorio y puede coexistir con el distrito agrario y ecológico”.
Frente a este escenario, la Procuraduría General de la Nación solicitó fundamentos técnicos, normativos y de política pública que se tuvieron para prohibir los proyectos mineros, particularmente, en los municipios de Jericó y Támesis, Antioquia.
Esa petición fue enviada al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, donde también deberá suministrar el acta de relatoría de la sesión de las declaraciones públicas que entregó el Gobierno en el evento realizado en Jericó.
En el informe que tiene que llegar a la mesa del ente de control se deberán adjuntar las “órdenes administrativas por el Gobierno nacional y las autoridades ambientales para la implementación de la instrucción impartida” recientemente en materia de la minería.
La entidad del Ministerio Público justificó la petición en las funciones constitucionales y preventivas que realiza normalmente. Ahora bien, los datos que encuentre servirán para evaluar los fundamentos e implicaciones que tendía la prohibición de los proyectos.
Todo con esto, con especial atención sobre el “otorgamiento de las licencias ambientales y la garantía del debido proceso al solicitante, bajo la legalidad y respetando el rigor técnico y científico de los evaluadores y la participación de los ciudadanos en las decisiones”.
Ante la polémica que se veía venir, el presidente Petro advirtió que “no queremos que estas decisiones gubernamentales que se toman a partir de la discusión territorial (…), no queremos que esa polarización aumente, sino que podamos construir nociones comunes”.
Así las cosas, la compañía minera que opera en el municipio de Jericó mostró disposición para conversar con el Gobierno nacional ante las críticas que se emitieron en la visita, con énfasis en los estudios que relacionan las afectaciones a los recursos hídricos.
Por otro lado, el mandatario informó que en las próximas semanas se presentará un proyecto para modificar el código minero que hoy rige al país: “Hemos citado a una convención nacional de pequeños mineros para que formulen sus propuestas”.
El objetivo que se planteó es que la extracción de materiales se haga de manera sostenible y pacífica “donde eso que llamamos la paz deje de ser una ilusión perdida en la historia de los tiempos de Colombia y sea una posibilidad real”, señaló el gobernante.