La Procuraduría General de la Nación le envió un oficio a los ministros de Minas, Interior y Defensa para que tomen decisiones inmediatas sobre la crisis de seguridad, social y económica que hay en el Bajo Cauca antioqueño luego de que un grupo de mineros informales tomara la decisión de bloquear la Troncal de Occidente, paralizando la movilidad.

En el texto se le solicitan al Gobierno nacional “avanzar de manera prioritaria en un proceso de diálogo con las comunidades” para que se resuelva la alteración del orden público que está activo desde el pasado 21 de septiembre. Ya se completan más de 78 horas de cierre entre la capital de Antioquia y las ciudades de la costa Atlántica.

De acuerdo con el informe que el ente de control disciplinario logró recopilar en los sectores afectados, cerca de 300 automotores se encuentran represados sobre este importante corredor vial. Los más afectados son los integrantes del gremio de los transportadores de carga que no se han movido de la zona desde el miércoles.

En palabras de la Procuraduría, este escenario está “dejando poblaciones incomunicadas, afectando la misión médica, el abastecimiento para la satisfacción de necesidades básicas y la atención a la primera infancia por parte del ICBF”, escribió la entidad en un comunicado dirigido a la opinión pública.

Ahora bien, los protagonistas del paro les indicaron a los representantes del Ministerio Público que solamente se sentarán en una mesa de negociación con la presencia de los representantes de Gustavo Petro: los ministros de Minas y Energía, Irene Vélez; del Interior, Alfonso Prada Gil, y de Defensa, Iván Velásquez Gómez.

La petición de ellos es que la Fuerza Pública cese los operativos que adelanta contra esta actividad irregular en el Bajo Cauca antioqueño. En ese sentido, también buscan procesos de “formalización minera o programas de sustitución de actividades como estrategias socioeconómicas para reducir la minería ilegal y las afectaciones ambientales en el territorio”, indicó la Procuraduría.

Finalmente, esta entidad le solicitó al Gobierno nacional un informe detallado sobre los trabajos que han realizado en las últimas horas los ministerios del Interior y de Defensa con miras a levantar las obstrucciones que mantienen sobre la Troncal de Occidente, eje vial que conecta al sur del país con la región del Atlántico.

¿Qué dice el Gobierno?

“Han pretendido, quienes manifiestan, que cesen esas actividades, que no se continúe acabando con la maquinaria utilizada para la minería ilegal. En lo que siempre se ha dispuesto por el Gobierno es la instancia del diálogo”, afirmó el ministro de Defensa luego de un consejo de seguridad celebrado en Medellín.

Las diferencias que hoy los tienen en las calles serán tramitadas con el Gobierno nacional, luego de que las administraciones municipales no pudieran alcanzar acuerdos con los protestantes porque los pedidos se les salían de las manos. En palabras de los mandatarios, los únicos que pueden resolverlas son los funcionarios de la Casa de Nariño.

La conversación será liderada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Alfonso Prada e Irene Vélez. Ellos podrían trasladarse en las próximas horas hacia las poblaciones de Caucasia y Cáceres para armar una mesa de resolución con las personas que están bloqueado la Troncal de Occidente.

Sin embargo, luego de que se registraran saqueos y la muerte de un menor de edad por los cierres en las vías, la Gobernación de Antioquia le pidió al Ministerio de Defensa que tomara acciones contundentes para retomar el control del orden público en el Bajo Cauca, zona minada por los grupos armados, como el Clan del Golfo y Los Caparros.