Organizaciones de derechos humanos de Antioquia encendieron las alarmas por el homicidio de Carlos Mario Roldán Díaz, un líder agrominero del nordeste del departamento.
Él fue ultimado en la madrugada de este lunes en la vereda Rancho Quemado del municipio de Segovia, en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades judiciales.
Roldán Díaz llegó a esta zona en calidad de refugiado, junto a más de 300 campesinos, tras los fuertes combates que protagonizaron cerca de su vivienda, supuestos integrantes del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.
Ambas estructuras se enfrentaron a muerte por el control del territorio. Aunque la fuerza pública ya retomó el control, permanece la zozobra entre la comunidad porque los ilegales habrían instalado artefactos explosivos en sus predios.
Frente a este escenario, la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo les pidió a los organismos del Estado atención urgente sobre el orden público de la subregión y tomar acciones contundentes con el propósito cesar las vulneraciones.
“Exigimos reacción inmediata por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a fin de que se adopten las medidas pertinentes para garantizar la vida, la integridad física y la permanencia en el territorio de las comunidades”, indicó la organización.
También invitó a la Procuraduría General de la Nación a poner la lupa sobre las decisiones que están tomando las autoridades territoriales y, en dado caso de identificar omisiones que aumentarían el riesgo de las personas, aplicar el debido proceso.
Sin contar el crimen de Carlos Mario Roldán Díaz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) tiene el registro al menos 94 líderes y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia en lo que va corrido de este año.
Doce de estos hechos han tenido lugar en el departamento de Antioquia, en los municipios de Yarumal, Carepa, Abejorral, Ituango, Santa Bárbara, El Carmen de Viboral, Nariño y Medellín.
Crisis en Segovia
Ahora bien, el fallecimiento de Roldán Díaz ocurre en medio de la preocupación de las autoridades y campesinos por la instalación de artefactos explosivos en la zona rural de Segovia.
Esa tesis se sostiene con la muerte de varias reses de ganado que, accidentalmente, caminaron sobre las minas y las activaron. Esto se ha identificado en varios terrenos ubicados en el sector de Arenales. Pero se tiene certeza de que hay explosivos en otros tramos.
Hay máxima alerta en las veredas Arenales, Jagua, El Aguacate, Montefrío y San José del Pescado, allí los grupos armados tienen una “guerra a muerte” por el control de las economías ilícitas. Los estragos que han dejado fueron reconocidos por el gobernador Aníbal Gaviria:
“Ha habido presiones de los grupos al margen de la ley para que la gente no regrese y, por supuesto, por estos hechos sienten temor. Como parte del incumplimiento de todo el derecho internacional humanitario, han instalado explosivos en las zonas donde ellos han estado presentes”, anunció el mandatario.
A raíz de esto, se redobló la presencia de las Fuerzas Militares y la Gobernación acompaña a las víctimas que están refugiadas en la vereda Rancho Quemado. Allí también hacen presencia delegados de la Defensoría del Pueblo.