Las unidades de investigación de la Policía y el Ejército dieron con el paradero de 27 presuntos integrantes del Clan del Golfo en varios municipios de Antioquia. Al parecer, algunos de los señalados serían los responsables de promover el plan pistola contra los miembros de la fuerza pública, que ya suman más de 10 homicidios en julio.

Los operativos se llevaron a cabo en las subregiones del occidente y el norte del departamento, donde delinquen con amplio despliegue los hombres que está comandando alias Chiquito Malo, heredero de alias Otoniel, quien ordenó activar los asesinatos sistemáticos de los uniformados en Antioquia.

La primera inspección cobijó a 18 sujetos y, más tarde, cayeron otros nueve. De acuerdo con el reporte de la Policía en este departamento, coronel Daniel Mazo Cardona, el material probatorio da cuenta que son los supuestos responsables de cometer los delitos de concierto para delinquir, extorsión, tortura y secuestro.

“Venimos en una operación sostenida para dar captura a los delincuentes del Clan del Golfo. Están a la cabeza de alias Richard y del conocido como Villa. En esta gran operación venimos siendo contundentes y poniéndolos a disposición ante la autoridad competente”, afirmó el comandante.

En imágenes registradas por unidades judiciales se observa la redada que se extendió a los municipios de Urrao, Betulia y Remedios, entre otros. En las grabaciones se ve el volumen del material incautado: armas de fuego, teléfonos y estupefacientes cuya comercialización sostenía sus actividades delincuenciales en la zona.

El brigadier general Gustavo Franco, comandante de la región seis de la Policía, reveló que en el municipio Remedios dos hombres estarían planeando ataques con explosivos contra los uniformados que prestan el servicio de vigilancia en esta población del nordeste del departamento.

“En el municipio fueron capturados dos de estas personas. Uno de los denominados puntos quien tenía información y estaba entregando datos de nuestros policías. A este se le fue incautada una granada de fragmentación. Y otro, un presunto sicario, que estaba recibiendo la información, se le incautó un arma de fuego”, afirmó el brigadier general.

Ambos coincidieron que los detalles que entregue la ciudadanía son fundamental para salirle al paso a los ilegales que están causando temor en Antioquia, y así poder prevenir las acciones terroristas que tienen en la mira, principalmente contra los uniformados que les están cerrando las posibilidades ilegales en las subregiones del departamento.

Por otro lado, la Policía Nacional logró identificar a las cabezas visibles de las subestructuras del Clan del Golfo que delinquen en el municipio de Yarumal, Antioquia. El grupo de sicarios ordenó perpetrar la acción terrorista donde fallecieron dos miembros de la institución, mientras patrullaban la zona urbana de esa localidad del norte del departamento.

Los seis hombres que figuran en el cartel de los más buscados son integrantes de los brazos armados de Edwin Román Velásquez y Julio César Vargas, quienes lideran los homicidios sistemáticos contra la fuerza pública en las subregiones del norte y occidente de Antioquia.

En el documento aparecen los alias de Sebastián, Ique, Fabián, Damián, Estiven y Daniel. Según las tareas de inteligencia de la Policía Nacional y la información suministrada por las comunidades, ellos asumen dentro de la organización ilegal las tareas de sicariato y, en las últimas semanas, son los encargados del caos en Yarumal.

Por información certera que permita establecer el sitio de permanencia de los señalados, el comando de la Policía en Antioquia está dispuesto a pagar hasta 50 millones de pesos. Además, diez millones por el nombre y ubicación de las personas que se desempeñan como campaneros, quienes advierten sobre los movimientos de los uniformados.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol indicó que, por orden de Chiquito Malo, se distribuyen altas sumas de dinero en las calles del departamento a cambio de un homicidio contra policías y militares. De igual manera, les paga hasta un millón de pesos a los campaneros o puntos fijos.