A los bloqueos y alteraciones de orden público que se registran en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, se suman los disturbios que protagonizaron otro grupo de mineros en la entrada al municipio de Buriticá, sobre la troncal del occidente.
Los protestantes mantienen bloqueos en la vía que comunica a Medellín con la subregión del Urabá.
El panorama se tornó aún más alarmante cuando en la tarde de este viernes, 10 de marzo, uniformados del Esmad hicieron presencia en la zona para levantar las restricciones a la movilidad y se desencadenaron enfrentamientos.
Las autoridades tuvieron que utilizar aturdidoras para disipar la concentración de protestantes, quienes con una bandera de Colombia obstruían el tránsito.
A su vez, los manifestantes aprovecharon la tensión del momento para prenderle fuego a un bus adscrito a la empresa Gómez Hernández. Las llamadas fueron sofocadas con extintores y finalmente se restableció el paso por la vía.
¿Por qué protestaban en Buriticá?
Los manifestantes aseguraron que respaldan las protestas que se desarrollan en el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, además de llamar la atención del Gobierno nacional para que les ponga la lupa a las supuestas violaciones de derechos que estaría cometiendo la empresa Zijín Continental Gold.
De acuerdo con la administración de Buriticá, el movimiento que promueve el paro, denuncia que la compañía privada estaría llenando de lodo los túneles que no le son provechosos, mientras las personas están buscando y extrayendo material en los huecos.
Frente a estas acusaciones, Zijín Continental Gold aseguró que no ha violentado la norma y tiene las puertas abiertas para las investigaciones que se consideren. Lo que sí advirtió es que las condiciones para ejercer las actividades son críticas por el orden público.
SEMANA conversación con Jhon Olivares, ex secretario de minas y energía del Norte de Santander, explicó lo que acontece en esa zona.
“En Buriticá hay una mina grande. Entonces por los costados hay gente que empieza a excavar para tratar de obtener el oro que se extrae del interior de la montaña”, señaló el exfuncionario.
Olivares también se desempeñó como director de minería empresarial en el ministerio de minas y energía. En diálogo con SEMANA, expresó que para finalizar el paro minero se necesita de la voluntad del Gobierno.
¿Por qué voluntad?
Según el exsecretario, una de las posibles soluciones a las manifestaciones radica en concertar diálogos con la comunidad y formalizar sus actividades mineras. Pero, de acuerdo con sus declaraciones, el discurso del Gobierno actual va en contra de la industria minera y en ese sentido, no ve caminos hacia una formalización.
“El Gobierno debe sentarse con las comunidades y preguntarles si lo que ellos quieren es realizar una actividad minera a gran escala, acompañarles a buscar áreas libres y que esas áreas sean entregadas y tituladas”, propuso.
Paro de mineros en Antioquia
Se cumplen nueve días del paro de mineros que tiene paralizadas a dos subregiones de Antioquia. De acuerdo con un informe del Gobierno nacional, 300.000 personas están afectadas por los bloqueos y las comunidades más lejanas tienen hambre.
Un grupo de ciudadanos tomó la decisión de frenarles el paso a los vehículos que tengan como destino a los municipios del Bajo Cauca y nordeste. La situación más crítica la viven en Caucasia, Nechí, El Bagre, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Segovia, Remedios, Vegachí y Yalí.
La comida se está agotando y los establecimientos comerciales no tienen productos para ofrecer. Las farmacias no cuentan con suficientes medicamentos, los hospitales se quejan por la falta de pipetas de oxígeno y los colegios operan a media marcha por la alteración.
Así lo denunció el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, desde la ciudad de Medellín: “Estos bloqueos han venido desabasteciendo la alimentación, generando hambre en sectores rurales. La afectación a la población está siendo supremamente delicada”.
Tal como lo reveló SEMANA, aseguró que la protesta nació por la destrucción de nuevas dragas utilizadas para la minería ilegal el pasado primero de marzo, operativo que contó con el visto bueno del presidente Gustavo Petro y que enfureció al Bajo Cauca antioqueño.