Empresas Públicas de Medellín se comprometió ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) a que este 30 de noviembre pondría en funcionamiento las dos primeras turbinas del proyecto de Hidroituango. El plazo vence a las 11:59 p. m. de este miércoles. En dado caso de que no se cumpla el acuerdo, llegarían multas millonarias.

El retraso en el cronograma le costaría a la compañía de servicios públicos más de 170 millones de dólares. Este escenario pondría en aprietos a EPM y generaría un incremento en la tarifa que llega a cada uno de los hogares. Sin embargo, los administradores de la hidroeléctrica están corriendo para esquivar a toda costa la imposición de las sanciones.

Dentro de la obra son conscientes de que las turbinas no entrarán en operación comercial en las próximas horas. En ese sentido, se planteó una estrategia milimétrica para que el cargo de confiabilidad no explote en las manos de Empresas Públicas de Medellín y se vea en la penosa obligación de sacar de su propia cartera la alta cantidad de dinero.

Si bien no se encenderán las unidades, los ingenieros dieron un paso importante que podría salvar a la compañía: sincronizaron las dos unidades que están blindadas por la Comisión ante el Sistema Interconectado Nacional. Es decir, se envió un mensaje desde Ituango dando cuenta de que las turbinas están disponibles para generar energía.

Esto no quiere decir que ya pueden entrar en operación comercial, tal como lo exige el ente regulatorio. Para lograr esta tarea falta un camino trascendental por recorrer. En la hidroeléctrica se debe aplicar la prueba más exigente que es la de “sincronización con rechazo de carga a máxima potencia”. Pero hay un impedimento que la frena.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres le exigió a la compañía que, antes de realizar este examen, las comunidades que están ubicadas aguas debajo de Hidroituango deben ser evacuadas ante el peligro que corren. Este proceso apenas se está tramitando y, con suerte, podría tener resultados optimistas en los próximos días.

Entonces la jugada de EPM ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas es alegar que el cronograma se alteró por cuenta de imposiciones externas, no por demoras que vinculan el trabajo de la compañía. O sea que la evacuación de las poblaciones que fue impuesta por el Gobierno obstaculizó el objetivo que se planteó en el año 2012.

Es decir, se ubicará bajo la sombrilla de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para no ser arrastrada por las multas. En la lista de complicaciones también darían cuenta de las afectaciones que dejaron los confinamientos que se ordenaron por la pandemia de covid-19 y los bloqueos que se dieron en el marco de las protestas.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas ya tiene todos estos argumentos sobre la mesa tras un documento prioritario enviado por Empresas Públicas de Medellín, donde pidió ampliar el plazo. La medida fue discutida, pero la reenviaron a EPM porque llegó incompleta: faltó información para tomar una decisión de fondo sobre Hidroituango.

El salvavidas podría llegar este miércoles, la pelota está en la Creg. El alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de la compañía que lidera este proceso de Ituango, Daniel Quintero Calle, afirmó que evitará la imposición de las multas, pero que no forzará la entrada en operación comercial de la hidroeléctrica por correr con el cronograma.

Así las cosas, hay expectativa por la posición que tomará la Comisión en las próximas horas. En dado caso de que resuelva sumarle las sanciones a EPM, el debate sobre su cumplimiento podría trasladarse a los estrados judiciales, así lo anticiparon los administradores de Empresas Públicas de Medellín.