El Clan del Golfo tiene el afán de reclutar a millonarios empresarios para darles apariencia de legalidad a sus finanzas, mientras le pide al Gobierno una oportunidad para negociar la paz. SEMANA revela los secretos de la compañía criminal, compuesta por traquetos, abogados, contadores y servidores públicos, que está desafiando al Estado colombiano.
Hoy es un secreto la fortuna que tiene este grupo, pero informes de inteligencia del Ejército y la Policía reseñan que es superior a la de cualquier unidad armada del país. “Muchas organizaciones soñarían con tener la poderosa estructura de las AGC”, reconoció uno de los nueve investigadores judiciales consultados para este informe.
Es una especie de multinacional que expande su franquicia desde el Urabá antioqueño por los rincones del mundo. Sus integrantes se han hecho ricos intoxicando las calles con drogas, arrancando el oro de las montañas, aprovechándose del drama de los migrantes y cobrando extorsiones. Son miles de millones de dólares los que mueven al año.
Las matemáticas de los narcotraficantes son calculadas por profesionales y, supuestamente, orientadas por empleados estatales. “Lo que buscan es la fórmula para legalizar todas las ganancias que tienen y pasar desapercibidos ante las autoridades”, afirmó otro de los uniformados que tiene la lupa puesta sobre los movimientos ilícitos. Una vez el Clan del Golfo cumple con sus tareas, recibe el pago de múltiples maneras: dinero en efectivo, armamento, transferencias bancarias y activos digitales, como criptomonedas. De esto, una cantidad considerable llega a Colombia, pero otra permanece en paraísos fiscales distribuidos a lo largo y ancho del planeta.
El objetivo de los cabecillas es que la plata se mueva en el mercado nacional. “Buscan a familiares, amantes y socios para lavar los activos”, comentó un oficial del Ejército. La orden es que inviertan en empresas de papel, sean accionistas de compañías de transporte, sumen billetes a proyectos inmobiliarios y negocien con el oro para justificar la riqueza.
Una de las preocupaciones es que hay una campaña para infiltrar negocios legales. “Ellos están rastreando a personas con una capacidad económica importante que, al inyectarles lo ilícito, no llamen la atención de nosotros”, señaló un detective de investigación criminal. Los candidatos a testaferros son buscados en exclusivas fiestas de Bogotá y Medellín.
El hallazgo más reciente de Agamenón, la operación policial que busca desmantelar al Clan del Golfo, es que los delincuentes están aceptando los pagos a través de mercancías que llegan de países asiáticos. Es decir, se están comercializando electrodomésticos, juguetes y ropa manchada con el narcotráfico, trata de personas y minería ilegal.
Uno de los uniformados explicó que, de manera milimétrica y tratando de buscar la legalización, los articuladores envían toneladas de productos a Colombia para las arcas del grupo delincuencial. Como si se tratara de una película de ficción, el repartidor porta un código oculto que debe coincidir con el del receptor. “Puede ser hasta la mitad de un billete”, dijo.
Uno de los casos por el que abrieron más líneas de investigación es el del comediante Juan Guillermo Noreña Zapata, más conocido como Carroloco, a quien las autoridades señalan de presuntamente haber sido testaferro de este grupo criminal. Desde 2018, una pista alertó a las autoridades sobre los vínculos del humorista y alias Rodrigo, quien ya tenía una acusación por tráfico de drogas. Debido a esto, se ordenó una serie de pruebas que permitieron corroborar que, en efecto, Carroloco mantenía conversaciones constantes con el supuesto narcotraficante.
El Clan del Golfo ha instalado una peligrosa multinacional que se expande rápido. Hasta este 3 de agosto se tienen en el radar seis puntos de crecimiento en Valle del Cauca, Magdalena Medio, Norte de Santander, Llanos Orientales, Antioquia y el Caribe. Allí “están vendiendo su franquicia para el narcotráfico, para que los jíbaros puedan usar su nombre”, concluyó un investigador.