La ‘vaca’ por Antioquia enfrenta una nueva polémica. Una demanda que se tramita en el Consejo de Estado podría afectar a los congresistas que aportaron a la colecta y el gobernador Andrés Julián Rendón tomó la decisión de regresarles el dinero para evitar complicaciones. Ante este escenario ‘turbulento’, él insistirá en la iniciativa.
La administración regional seguirá recibiendo plata de los ciudadanos para financiar la construcción de las vías de cuarta generación, pues el Gobierno nacional estaría indispuesto para soltar el dinero. Así lo interpretó el mandatario tras escuchar este miércoles 10 de abril al ministro de Transporte, William Camargo.
El alto funcionario planteó que el presidente Gustavo Petro sí tiene la disposición para buscar los recursos para terminar las grandes obras, como el Túnel del Toyo que unirá a Medellín con el Urabá. Anticipó que la nación asumiría esta financiación a través de un peaje y, posiblemente, cobros por valorización.
El gobernador no fue optimista con esta fórmula y reiteró su hipótesis: “De la exposición del ministro de Transporte concluyó que no solo siguen embolatados los $650 mil millones que requiere la vía al mar, sino que ahora nos quieren quitar el peaje que nos habían entregado en diciembre de 2022. La vaca sigue”.
Hasta este 10 de abril, 14.139 personas se habían sumado a la iniciativa que busca recoger un billón de pesos para financiar los proyectos, especialmente la carretera que unirá a la capital del departamento con el mar, donde se requieren con urgencia cerca de $650 mil millones para edificar puentes y calles a cielo abierto.
En total, se han recogido $5.032.528.970. La mayoría de las transacciones bancarias se han hecho al interior de Antioquia, aunque hay grandes aportes de otros rincones de Colombia y el mundo. La mayor donación se realizó el pasado 26 marzo, cuando una persona sacó de su bolsillo cerca de $30.000.0000.
A ese fondo se le tendrá que descontar el aporte que hicieron, al menos, ocho congresistas. Andrés Julián Rendón retornará el dinero que sumaron senadores y representantes porque están involucrados en una demanda de pérdida de investidura porque habrían violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Específicamente, el litigio hace referencia al artículo 180 en su numeral 2 de la carta magna que habla de las actividades de “gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que establezca la ley”.
El documento de catorce páginas que llegó al despacho de los magistrados del Consejo de Estado documenta los aportes voluntarios que han hecho ocho congresistas, tomando como referencia los comprobantes de consignación que cada uno compartió en sus redes sociales.
En la lista aparecen Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra, María Fernanda Cabal, Juan Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrío y Julián Peinado.
El abogado demandante, Carlos Mario Patiño, sostuvo que “según el decreto de la Gobernación para reglamentar la vaca, esta se hace mediante donaciones y las donaciones son, típicamente, un contrato cuya parte pasiva es la Gobernación, que es una entidad pública. Ellos están haciendo a título personal una donación a una entidad pública, lo que sería un contrato estatal”.