Un verdadero viacrucis están viviendo los cerca de 30 habitantes del edificio, ubicado en el barrio Belén Rosales, debido a una orden de evacuación por parte de las autoridades de gestión del riesgo de la capital antioqueña, donde informaron que se debe evacuar de inmediato para poder realizar estudios estructurales a la edificación, que presuntamente tiene fallas estructurales.
Tatiana Ardila, abogada de los habitantes de esta edificación, le contó a SEMANA que, hasta, le impidieron entrar al edificio, donde tenía como fin garantizar el debido proceso, que según ella fue vulnerado por parte de los funcionarios de la Alcaldía de Medellín y policías en general. Además, contó que tampoco realizaron el censo correspondiente para determinar con exactitud cuántas personas vivían en el inmueble.
“Nunca se hizo parte del proceso a los propietarios, donde le están vulnerando sus derechos. Nunca les notificaron debidamente, no se les permitió conocer los informes del Dagrd, debido a que aquí no hay un estudio en particular que dé a conocer sobre algún riesgo, simplemente lo que se hizo fue una inspección ocular y con eso dicen que se emite un informe en el que ya recomiendan la evacuación temporal por un supuesto riesgo”, aseguró Ardila.
En la orden de la Policía describieron como hallazgos; el riesgo estructural por manifestaciones patológicas en elementos estructurales, deficiencias constructivas y degradación de los materiales que exponen posibles fallas en el diseño y construcción. En el lugar hace presencia la Personería de Medellín, la Policía y demás autoridades.
Uno de los habitantes del edificio afirmó que aún no han finalizado de construir la edificación y manifestó que hubo irregularidades de parte de las autoridades, quienes ingresaron a la fuerza y enviaron unos vigilantes sin el previo aviso a los propietarios.
De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esta edificación hace parte de los activos que están incluidos dentro del proceso de liquidación forzoso-administrativa, en el marco de la estafa inmobiliaria de la Constructora del Norte, Invernorte e Inmobiliaria Europa.
“Confiamos que en el proceso de liquidación que se adelanta, estos bienes conformen una masa que logre la reparación, lo más integral posible, a las más de 750 familias víctimas de esta mega estafa en el Valle de Aburrá”, anotó el subsecretario de Control Urbanístico, Gabriel Jaime Correa Escobar.
Según el Distrito, ya están realizando la caracterización para establecer cuál es la situación actual de las familias que hoy viven en el edificio y garantizarles sus derechos, donde tienen dispuesto el alojamiento temporal.
Andrea Salazar Jaramillo, secretaria de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía de Medellín, contó que están realizando la orden de Inspección de Policía por las fallas estructurales que presenta la estructura, donde además hay varios locales comerciales.
“Esta es otra de las edificaciones que hacen parte de la estafa inmobiliaria que ha sido perpetrada a través de tres constructoras; Norte de Bello, Constructora Europa e Invernorte. Estas tres en cabeza del señor Wilson Patiño fueron objeto de intervención y se ordenó la mediación forzada administrativa, por lo tanto, se ordenó la liquidación de estas tres constructoras con el fin de buscar la indemnización de cerca de 750 familias que fueron víctimas de la estafa inmobiliaria”, aseguró Jaramillo.
Cabe resaltar que la orden de evacuación se debe realizar porque es un proyecto que debieron culminar en 2018 y a la fecha no ha sido culminado y, por lo tanto, representa peligro para quienes hoy habitan la edificación.
Otro caso: denuncian millonaria estafa inmobiliaria en Medellín
Las autoridades judiciales están investigando 31 denuncias que advierten sobre una supuesta millonaria estafa inmobiliaria en la ciudad de Medellín. Las víctimas habrían pagado apartamentos que nunca fueron entregados. De acuerdo con estudios preliminares, las afectaciones superarían los 122 mil millones de pesos.
El modus operandi utilizado por los vendedores está enmarcado en una práctica criminal que se ha advertido desde hace varios años en esta región del país. Los documentos que están en la Fiscalía General de la Nación reseñan que los delincuentes comercializan inmuebles sin ser los propietarios de los terrenos.
También ponen a la venta casas y locales comerciales que ya tienen un dueño. Es decir, más de una persona aparece a reclamar una misma escritura. Al menos 750 personas se mostraron como afectadas en los últimos siete años, según las estadísticas que se presentaron recientemente en el Concejo distrital.
Aunque buena parte de las quejas son públicas, el ente de acusación detalló que, durante 2022, en los despachos de la capital de Antioquia se están tramitando diez denuncias penales por este tipo de estafas. Sin embargo, los investigadores cargan con otros 21 casos por esclarecer que se acumularon durante 2020 y 2021.
De igual manera, es motivo de preocupación para las autoridades que los oferentes no cuentan con los documentos requeridos para edificar y ponerles precio a las residencias en el Valle de Aburrá. Por ejemplo, hay obras que no poseen la licencia de construcción, permisos de enajenación, estudios previos y escrituras públicas.
Los corporados de Medellín le pusieron la lupa a esta situación e invitaron a los organismos de control a prestarle atención a este fenómeno que, con base en la información recolectada, estaría creciendo sin freno en este período por la falta de información que tendrían los clientes a la hora de adquirir las propiedades.